Un juez investiga la matriculación en la Universidad vasca de 57 presos de ETA

La Abogacía del Estado, a instancias del Ministerio de Justicia, ha interpuesto un recurso contencioso-administrativo contra el denominado «protocolo de la Universidad del País Vasco (UPV) para la atención de personas internas en centros penitenciarios», el acuerdo que permitió matricularse a 57 etarras encarcelados en prisiones galas, entre ellos el ex máximo dirigente de la banda, Mikel Albizu, Antza, y su compañera Soledad Iparragirre, Anboto . El recurso ha sido admitido a trámite por el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo número 4 de Bilbao. El polémico protocolo, suscrito el 28 de octubre del 2004, no es de aplicación en España, donde está prohibido tras el último cambio de la Ley General Penitenciaria, que los internos estudien en otros centros que no sean la Universidad Nacional de Educación a Distancia (Uned). Aunque la directora general de Instituciones Penitenciarias, Mercedes Gallizo, se ha comprometido a cerrar un acuerdo con la UPV y otras universidades para que todos los presos, no sólo los etarras, puedan estudiar las carreras que no ofrece la Uned, este protocolo aún no ha sido firmado. El pasado marzo, el Gobierno se quejó formalmente de la inscripción en la Universidad de 29 de estos presos de la banda ETA encarcelados en el país vecino ya que se había realizado «sin atender a los requisitos establecidos por la normativa básica».