Rabat sólo permitirá visitar el Sáhara Occidental a una delegación política

El Gobierno de Marruecos impidió ayer la vuelta al Sáhara Occidental del grupo de políticos, miembros de oenegés y periodistas que el domingo fueron retenidos a su llegada al aeropuerto de El Aaiún y devueltos a España. El grupo quería visitar la región para comprobar la situación de los derechos humanos tras las muchas denuncias de abusos que habrían sido perpetra-das por marroquíes desde el desencadenamiento de la llamada «intifada saharaui». El Ejecutivo de Rabat se mostró dispuesto a que visite la zona otra delegación, pero sólo de políticos y de todos los grupos parlamentarios. La segunda negativa marroquí llegó tras la reunión que mantu-vieron en Las Palmas el cónsul del país vecino y algunos de los expulsados. En ese grupo están, entre otras personas, la portavoz de Izquierda Unida en el Ayuntamiento de Madrid, Inés Sabanés; dos concejales del PSOE de Fuenlabrada y Torrejón de Ardoz, y representantes de la Liga pro Derechos Humanos. En el encuentro, que duró una hora, el diplomático alauí pidió a los expulsados que no vuelvan a El Aaiún porque las «condiciones» eran «las mismas» que el domingo, cuando se les negó la entrada por su «apoyo declarado a las tesis separatistas» y su «sostén, sesgado e incondicional, de los postulados del Frente Polisario». El Ministerio de Exteriores, Miguel Ángel Moratinos trasladó este lunes a su homólogo marroquí, Mohamed Benaissa, la «preocupación» creada en la opinión pública española por el incidente. Moratinos también le manifestó a su colega su «satisfacción» por el compromiso del Gobierno de Rabat de permitir que una delegación de parlamentarios españoles inspeccione la zona en los próximos días. Respecto del contencioso del Sahara Occidental, ambos coincidieron en la necesidad de impulsar la búsqued de una solución, para lo cual destacaron la conveniencia de que el secretario general de las Naciones Unidas, Kofin Annan, reactive la mediación entre las partes y el proceso de paz. Moratinos reiteró el «compromiso activo» del Gobierno para trabajar en la búsqueda de una solución.