La Audiencia imputa a tres militares de EE.UU. por la muerte de Couso

El caso José Couso, el cámara de Telecinco que murió el 8 de abril del 2003 a causa de un ataque estadounidense al Hotel Palestina de Bagdad, dio ayer un giro espectacular. El juez de la Audiencia Nacional Santiago Pedraz acordó solicitar a las autoridades judiciales de EE.UU. que adopten las medidas necesarias para interrogar como imputados a los tres mandos militares que participaron en la acción, en la que perdieron la vida José Couso, de 37 años, y el cámara ucraniano de la agencia Reuters Taras Prosyuk. Se trata del sargento Thomas Gibson, el tanquista que disparó desde el carro de combate Abrahms M-1; el capitán Philip Wolford, que le autorizó; y el teniente coronel Philip de Camp, que ordenó la acción contra el hotel. Todos ellos pertenecían al Regimiento de Blindados de la Tercera División de Infantería Acorazada del Ejército de EE.UU. Gibson declaró a Telecinco un mes después del ataque que no disparó inmediatamente, sino que llamó a sus jefes, que le dieron el visto bueno para hacerlo. Acusaciones El juez les acusa de un delito contra la comunidad internacional, castigado con una pena de 10 a 15 años de prisión en el Código Penal español. Concretamente el artículo 611.1 establece esa pena a quien «realice u ordene ataques indiscriminados o excesivos». Esta imputación se realiza sin perjuicio de las penas que pudieran corresponderles por los resultados producidos, que podrían tipificarse como asesi-nato con alevosía, penado con entre 15 y 20 años. El juez Pedraz actúa a instancias de la acusación ejercida por Reporteros sin Fronteras representada por el que fuera fiscal general del Estado Leopoldo Torres. En los próximos días ofrecerá a las autoridades norteamericanas la posibilidad de que los tres militares se desplacen a la Audiencia Nacional para prestar declaración o, en su defecto, viajar él mismo a Estados Unidos para interrogarles la frente de una comisión rogatoria. Querella La familia Couso interpuso una querella contra los tres militares en la Audiencia Nacional en mayo del 2003, que fue admitida a trámite por el juez Guillermo Ruiz de Polanco. La comisión rogatoria es el primer paso de un proceso judicial que podría paralizarse si Estados Unidos. se niega a colaborar. Fuentes judiciales consultadas por este periódico consideran que lo más previsible es que las autoridades judiciales y políticas de Washington no permitan que sus militares sean interrogados. De hecho, un alto responsable del Departamento de Defensa de Estados Unidos lo consideró ayer imposible. Un informe realizado por el Pentágono concluyó que las fuerzas de la coalición que dispararon no incurrieron en «ninguna falta o negligencia». «La responsabilidad del incidente recae -afirmaba- en un enemigo que eligió combatir en una ciudad».