Otegi será juzgado en la Audiencia Nacional, y no en Guipúzcoa

La Sección Primera de la Audiencia Provincial de Guipúzcoa afirma que el caso de Mikel Otegi, que mató en 1995 en Itsasondo a los ertzainas Iñaki Mendiluze y José Luis González, debe ser juzgado en la Audiencia Nacional ya que, por Ley, le competen los delitos «cometidos por personas integradas en bandas armadas o relacionadas con elementos terroristas o rebeldes». En el auto, al que tuvo acceso Europa Press, el órgano jurisdiccional guipuzcoano señala que la Audiencia Nacional debe investigar «cuando la comisión del delito contribuya» a la actividad terrorista y a aquellas personas que «de cualquier modo cooperen o colaboren con la actuación de aquellos grupos o individuos». La Audiencia donostiarra accede, de esta forma a la petición de la Fiscalía, y se inhibe en favor de la Audiencia Nacional, al considerar que debe ser este último tribunal, especializado en terrorismo, el que juzgue a Mikel Otegi. Una vista repetida El Tribunal Constitucional ordenó la repetición de la vista oral después de que un tribunal del jurado le absolviera en 1997, tras declararle «no culpable» del doble asesinato, pese a considerar probado que disparó contra los agentes y les causó la muerte. Por su parte, la Audiencia de San Sebastián indica que los hechos no deberán ser juzgados ahora por un jurado, ya que los delitos de terrorismo se atribuyen a la Audiencia Nacional y «quedan en todo caso excluidos» de la competencia del tribunal popular. No existe indefensión Asimismo, considera que «por economía procesal», no se esperará a «las conclusiones definitivas» para resolver sobre esta cuestión porque «abocaría a una situación enormemente compleja en el plano humano y dificultosa en el ámbito procesal, en la medida en que sería preciso constituir el Tribunal del jurado, celebrar el debate probatorio» y, finalmente, tras la petición del Ministerio público, «acordar la disolución del Tribunal del jurado y la consiguiente inhibición a favor de los órganos judiciales radicados en la Audiencia Nacional». Además, cree que no existe, por ello, «indefensión alguna» para el acusado porque «ha podido desplegar la estrategia alegatoria precisa para rebatir la cuestión de competencia planteada por la acusación pública».