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Manuel Fraga: «Un indeciso no dice lo que piensa como una mujer no cuenta con cuántos se acuesta» El juez falla que las detenciones populares del «caso Bono» fueron ilegales

Fraga, recibió ayer en su despacho a W. Giuliani, ex alcalde de Nueva York

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europa press | la coruña europa press | madrid

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«Un indeciso no dice lo que piensa como una mujer no cuenta con cuantos se acuesta», aseguró ayer Manuel Fraga al referirse a la fiabilidad de las encuestas electorales. Unas declaraciones que desataron ayer una tormenta de reacciones. El Gobierno español pidió a Fraga una rectificación inmediata por lo que consideraron una ofensa «intolerable a todas lasmujeres».Indignación que compartieron también diversas las asociaciones de mujeres. En este sentido, la vicepresidenta primera del Gobierno, María Teresa Fernández de la Vega, exigió ayer a Manuel Fraga que retire su comparación entre la sinceridad de los ciudadanos en las encuestas y la de las mujeres al hablar de su vida sexual por ser «una ofensa intolerable a todas las mujeres». «Ni siquiera una confrontación electoral» puede justificar que se profieran palabras «tan irrespetuosas, sexistas y antidemocráticas», resaltó. La vicepresidenta primera se refirió así a la respuesta que el presidente de la Xunta de Galicia dio al ser preguntado por las encuestas que otorgan al PP la pérdida de la mayoría absoluta. Fraga afirmó que los comicios se juegan en la «masa de indecisos» porque muchos ciudadanos «no dicen lo que piensan», y realizó la siguiente comparación: «si a una mujer le preguntan con cuántos hombres se acuesta no suele dar una respuesta absolutamente certera». Por su parte, la secretaria general de Políticas de Igualdad, Soledad Murillo, señaló ayer que Manuel Fraga, «no ha hecho la Transición» en materia de igualdad de las mujeres y el trato a los homosexuales. Manifestó que «no se trata de declaraciones, sino de la actitud de un líder político», ya que «la misoginia y la homofobia le inhabilitan para ser candidato. Por otro lado, Fraga rechazó ayer entablar un debate televisivo con lo canditatos electorales. El PP se ha lanzado a la ofensiva tras conocer el auto judicial sobre la detención de dos de sus militantes por su presunta participación en la agresión al ministro de Defensa, José Bono, en la penúltima manifestación de la Asociación de Víctimas del Terrorismo. Hasta tres cargos del partido, casi simultáneamente y desde su sede de Génova, lanzaron exigencias. Creen que el presidente del Gobierno, José Luis Rodríguez Zapatero, debería asumir responsabilidades por lo que entienden una detención ilegal y solicitan la comparecencia en el Congreso del propio Bono y del ministro del Interior, José Antonio Alonso. Ambos son «mentirosos» para el PP. Tras conocer el auto del juez, los populares han lanzado numerosas exigencias al Gobierno. El portavoz en el Congreso, Eduardo Zaplana, pidió a Zapatero que asume responsabilidades y tome «las decisiones oportunas». Si no lo hace, dijo, «será el responsable de una conducta profundamente antidemocrática que ha tenido lugar gobernando él y teniendo como protagonistas a dos miembros de su Gobierno», en alusión a los ministros Bono y Alonso. El secretario de Comunicación del PP de Madrid, Juan José Güemes, que habló casi al mismo tiempo que Zaplana, solicitó las comparecencias en el Congreso de estos dos ministros. El auto A ambos les llamó «mentirosos», al titular de Defensa porque entiende que su versión de los hechos «para convertirse en un instrumento de desprestigio de la Asociación de Víctimas del Terrorismo» ha sido desmentida, y al de Interior porque «negó los hechos que el auto dictado ayer da por probados, y además habló de pruebas de culpabilidad cuando en el momento que hacía esas declaraciones las pruebas eran contundentes, pero en sentido contrario». El auto judicial entiende que la detención de los dos militantes del Partido Popular se realizó «sin que hubiera dato alguno» contra ellos y acusó a los tres policías que se encargaron del caso de rehacer el atestado policial «haciendo desaparecer el inicial a fin de que no figuraran los cuatro funcionarios que actuaron en las diligencias desde su inicio». De esta forma, según el titular del Juzgado Central de Instrucción número 14, se evitaba incluir «la negativa del segundo de los instructores a practicar las detenciones».

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