El acuerdo que hace el número 24 en la comunidad es el primero dentro de la provincia leonesa
El dato que aportó José Valín descubre el retraso que lleva la provincia leonesa en materia de reforma de estructuras de riego, dentro del programa de modernización que se impulsó desde el PNR con un horizonte del año 2008: «Este es el convenio número 24 que firmamos Junta de Castilla y León y Gobierno», dijo el consejero con ánimo de demostrar la efectividad de la política de colaboración entre ambas administraciones. León se sube al carro de la modernización en el tramo final del proceso; los regantes de la provincia comenzaron a asimilar la trascendencia de la operación en el último año, cuando el actual presidente de la Seiasa, Graciliano Palomo, agilizó la difusión del plan de modernización que ampara el organismo que dirige. José Valín insistió en la laboriosidad que conlleva un proceso como el que ocupa a Gobierno, Seiasa, Junta y regantes en el modelo «que lleva adelante esta transformación». «El regadío no es algo que se improvise algo que salga como los hongos; en esta estancia hay gente que sabe a ciencia cierta lo que cuesta, el esfuerzo y la voluntad que hay que dedicar a estos proyectos con los que desde el año 2002 hemos conseguido poner en marcha en la autonomía la renovación de 77.000 hectáreas», explicó el máximo responsable de la política agraria autonómica, que también especificó el reparto de cometidos en el proceso entre los organismos participantes: «la Junta, que aporta el 20% de la inversión de la obra, se dedica principalmente al trabajo en las balsas, las estaciones de bombeo o el tendido de la red eléctrica». Valín destacó que la firma de ayer derivará en una oportunidad que se les debe a «los jóvenes de Cabreros, de Campo de Villavidel, de Cubillas de los Oteros o de Corbillos de los Oteros, que son los que se beneficiarán principalmente de esta obra». El consejero de Agricultura se refirió al apoyo que desde el ente que dirige se destina a la modernización de explotaciones y a crear las condiciones necesarias para que los jóvenes vean atractivo ubicarse en el medio rural. En ese ámbito ubicó, precisamente, el acuerdo de que el gobierno autonómico asuma el 50% de la carga financiera del crédito al que deben sumarse los agricultores para hacer frente a la inversión de la modernización.