Kas y Gestoras, los siguientes
El cierre del proceso contra las juventudes de Batasuna, a expensas de lo que en el futuro concluya el Tribunal Supremo, no prejuzga el resultado del resto de los procesos abiertos en la Audiencia Nacional contra los grupos que forman el 'entorno legal' de ETA. Pero es un precedente que preocupa a los defensores de la estrategia de presionar a la «izquierda aberzale» para cercar a la organización terrorista, entre los que se encuentran varios de los jueces instructores de ese tribunal y los integrantes de la Fiscalía. La apuesta del departamento que dirige Eduardo Fungairiño es fuerte. Dos procesos esperan ya día de arranque del juicio oral. En el primero, la Fiscalía de la Audiencia Nacional pide 1.102 años de cárcel a repartir entre los 62 presuntos responsables del frente político y social de ETA, desarticulado tras cuatro años y medio de investigaciones por el juez Baltasar Garzón, que colocó fuera de la ley y suspendió las actividades de KAS -el presunto aparato político de ETA-, de su sucesor EKIN, del diario y la radio Egin -la posible rama mediática de la banda-, de Xaki -el presunto «aparato de relaciones internacionales»- y de la fundación Josemi Zumalabe, dedicada al control de los movimientos sociales (ecologismo, feminismo, euskera, desobediencia civil, etcétera). Apoyo a los presos Y, a continuación, ocuparán el banquillo de los acusados 27 antiguos y actuales dirigentes de Gestoras Pro-Amnistía y de su sucesora Askatasuna, para los que la Fiscalía reclama un total de 270 años de cárcel por considerar que son organizaciones integradas en ETA y a las órdenes de la banda terrorista para controlar y dar apoyo a los presos de la banda. En la recamara hay varios procesos más. Uno contra el entramado financiero de ETA, en el que se intervino la red de herriko tabernas (bares de la antigua HB) y se confiscó el dinero de sus cuentas. Derivadas de esta investigación fueron las actuaciones contra el diario en euskera Egunkaria y Banaka, la sociedad que administraba todas las empresas del proyecto financiero etarra. Y, acaso el más importante, el abierto en el verano de 2002, cuando Garzón ordenó la suspensión de Batasuna y el cierre de todas sus sedes. Entre el medio centenar de imputados -todos dirigentes aberzales- hay cinco ex parlamentarios vascos: dos de ellos, José Antonio Urrutikoetxea, Josu Ternera , y Jon Salaberría, huidos, mientras que los otros tres, incluido Arnaldo Otegi, evitaron la cárcel mediante el pago de fuertes fianzas.