El Gobierno prepara un proyecto para sustituir a la centenaria Ley de Enjuiciamiento Criminal

El ministro de Justicia, Juan Fernando López Aguilar, anunció ayer el compromiso del Gobierno de tramitar en el Congreso «una ley orgánica reguladora del proceso penal, que sustituya a la centenaria Ley de Enjuiciamiento Criminal, todavía vigente, que afecte a la prisión provisional y a la detención preventiva y, en particular, al régimen de incomunicación», de modo que «sirva para una política criminal garantista y respetuosa de los derechos fundamentales». En respuesta a una pregunta de la diputada del PNV Margarita Uría, el ministro, en la sesión de control al Gobierno, afirmó que la reforma del proceso penal planteada «tiene interés porque afecta a uno de los problemas más relevantes de nuestro sistema procesal penal y lo que es más importante, a derechos fundamentales». La reforma legal del proceso penal establecerá que «la incomunicación sea una medida excepcional, subsidiaria de todas las demás alternativas disponibles, y, en segundo lugar, que sea proporcionada a la finalidad de asegurar la investigación penal». Anunció que esta medida afectará «de manera preeminente a la delincuencia organizada» y será adoptada «de forma estrictamente judicial, con la garantía de que sirva a la aseguración de la justicia».