El Ejecutivo crea una nueva oficina judicial para agilizar la Justicia

La nueva oficina judicial, la prometida modificación de los medios humanos y materiales al servicio de los jueces para modernizar la Administración de Justicia, comenzó ayer su andadura después de meses de anuncios y conjeturas. El Consejo de Ministros aprobó ayer la modificación de 21 leyes, una reforma encaminada, sobre todo, a liberar a los magistrados de la burocracia y a tratar de terminar con las demoras en los juicios. La reforma a la que ayer dio luz verde el Gobierno, y que ocupa más de mil páginas, afectará, entre otras, a la Ley de Enjuiciamiento Civil, la Ley de Enjuiciamiento Criminal, la Ley de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa, la Ley Concursal, la Ley del Tribunal del Jurado, la Ley de Responsabilidad Penal de los Menores, la Ley Procesal, la Ley de Asistencia Jurídica gratuita e, incluso, la Ley Orgánica del Poder Judicial. La vicepresidenta primera del Gobierno, María Teresa Fernández de la Vega, explicó que el objetivo del anteproyecto, que en otoño iniciará su trámite parlamentario, es «garantizar una justicia moderna y ágil del siglo XXI y no del siglo XIX». De la Vega subrayó que el fin último de la oficina es «dotar a los juzgados de más medios» para «liberar a los jueces de toda tarea burocrática», una responsabilidad que recaerá en los secretarios judiciales. «Los jueces se dedicarán a juzgar y a resolver los asuntos de los ciudadanos», explicó. Más garantías Además de modernizar la Justicia y agilizar los procesos, la vicepresidenta garantizó que la reforma y las nuevas tecnologías «darán más garantías a los justiciables», como la filmación de las vistas orales. «Será una justicia más rápida, más cercana y más homogénea en todo el Estado», resumió Fernández de la Vega, que puso el acento en que varios centenares de expertos han trabajado en la modificación del vasto corpus formativo en un proceso «largo y arduo». El Ministerio de Justicia, además de descargar de trabajo a los magistrados, espera terminar con las demoras y mejorar el servicio con la unificación de criterios para el funcionamiento de todos los juzgados, sobre todo en las comunidades autónomas que tienen transferidas las competencias.