El Gobierno recela de las exigencias del tripartito catalán sobre el estatuto

El Gobierno central y el Partido Socialista advierten de que el nuevo estatuto que están elaborando los partidos catalanes no llegará a buen puerto si el tripartito mantie-ne hasta el final las exigencias de reforma que desbordan la Constitución. El Partido de los Socialistas Catalanes (PSC) ha demandado al Ejecutivo y a la dirección federal del PSOE un margen de confianza para evitar que las presiones enturbien el acuerdo en su recta final. El estatut se encuentra en su momento crucial. Con el calendario que maneja la Generalitat, el pleno del Parlamento autonómico debería aprobar el texto a mediados de septiembre para que las Cortes Generales lo tramiten este otoño. Fechas cercanas que han impuesto las prisas y que han obligado a las formaciones de esa comunidad a multiplicar sus contactos para resolver los grandes escollos. Los interlocutores del Gobierno central que han acudido a Barcelona a negociar con representantes del tripartito han advertido ya cuáles son los aspectos del borrador que podrían propiciar su rechazo en el Congreso de los Diputados. El Ejecutivo de José Luis Rodríguez Zapatero rechaza que Cataluña pueda aplicar el artículo 150.2 de la Constitución que permite delegar competencias del Estado a las autonomías. Una demanda en la que hace especial hincapié Esquerra Republicana por considerar que de esa forma sería posible que la Generalitat asuma la ordenación de la inmigración, la gestión de los aeropuertos, la homologación y expedición de títulos académicos, la seguridad pública e incluso la convocatoria de consultas populares. Pero el Gobierno alega que esa es una potestad exclusiva del Estado que no puede transferir a las autonomías. Tampoco acepta el gabinete socialista que el Estatuto pueda recoger un modelo de financiación específico, como pretende el tripartito, que demanda mayor capacidad de recaudación propia. El Gobierno y el PSOE insisten en que la reforma del sistema de financiación debe ser multilateral porque afecta a todos los territorios. Desde Madrid En el Palacio de La Moncloa y en la madrileña calle Ferraz también están preocupados por el blindaje de competencias que la Generalitat pretende introducir y por la pretensión de que el texto pueda modificar leyes orgánicas que afecten al poder judicial, al régimen electoral o a la ley de Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado. Mientras, el presidente de la Junta de Andalucía, Manuel Chaves, garantizó ayer que la reforma del Estatuto de Autonomía de su comunidad no será «fotocopia de nadie», llegará «al máximo nivel» de autogobierno y competencias que permita la Constitución y no tendrá «nada que envidiar» a los que puedan aprobarse en otras comunidades. Abogó por no abordar el debate desde «posiciones acomplejadas» y llegó a preguntarse «por qué el Estatuto andaluz no va a ser más avanzado que el catalán». Ese fue el mensaje de Chaves tras su ronda de reuniones con los líderes de la oposición, Javier Arenas (PP), Diego Valde-ras (IU) y Julián Alvarez (PA), y el secretario de Organización del PSOEA, Luis Pizarro. Límites constitucionales El secretario general del grupo del PSOE en el Congreso, Diego López Garrido, defendió hoy que «es de sentido común» que la Constitución marca el límite para las reformas de los Estatutos de Autonomía y advirtió de que las Cortes «no están sólo para estampillar» lo que les proponga un Parlamento autonómico. López Garrido pronunció esta tarde en la Universidad Internacional Menéndez Pelayo (UIMP) una conferencia sobre las reformas de la Constitución y de los Estatutos de Autonomía, en la que explicó los principios con los que el PSOE afronta ese proceso. En un encuentro previo con los periodistas, el diputado socialista recordó que los Estatutos forman parte del «bloque constitucional» de las leyes del Estado y, por lo tanto, sus reformas han de venir avaladas por un consenso político «de dimensiones equiparables» al que generó la Constitución de 1978. El PSOE, dijo, es favorable a potenciar el Estado de las Autonomías y la descentralización de competencias, pero también entiende que existen unos límites que las reformas estatutarias no pueden traspasar, como son el contenido de la propia Constitución y los principios de solidaridad y pluralidad. Recordó en este sentido que toda reforma de Estatuto de Autonomía debe pasar por las Cortes Generales y subrayó que, aunque a su juicio éstas deberías ser proclives a aceptar aquello que proponen los Parlamentos autonómicos si viene avalado por un consenso importante, su función no se limita a darle el visto bueno. «Las Cortes no tienen por qué limitarse, meramente, a estampillar aquello que viene de un Parlamento autonómico, sino que las Cortes también pueden, mediante unas fórmulas de procedimiento paccionado, que están previstas en el Reglamento del Congreso de los Diputados, decir lo que les parece en relación con los Estatutos de Autonomía», advirtió el diputado socialista. Llevado al caso de Cataluña, dijo que tiene el convencimiento de que los partidos políticos catalanes no propondrán ninguna reforma estatutaria que vulnere los límites constitucionales. «Es verdad que esa posibilidad siempre se puede contemplar desde un punto de vista teórico: Es posible que un Parlamento autonómico haga una propuesta que no se adecúe a la Constitución, pero evidentemente las Cortes Generales están ahí, también, para evitar que eso se produzca. El Plan Ibarretxe es un ejemplo de que algo que se salga del marco constitucional se va a encontrar con que en el Parlamento español no prosperará», añadió. El diputado del PSOE recalcó que una propuesta de Estatuto «no puede reformar la Constitución», no puede modificar la Ley Orgánica de Financiación de las Comunidades Autónomas (LOFCA) ni puede tampoco emplearse para atribuir a una comunidad las competencias previstas en el artículo 150.2 de la Carta Magna.