El paraguas de la España Verde

El proyecto de la Gran Cantábrica ha sido acogido por los órganos centrales de la Unesco desde las primeras declaraciones de reservas de la Cordillera. Lo ha ido perfilando poco a poco hasta acabar planteándolo como una Gran Reserva Biogeográfica, siguiendo los modelos de la Mata Atlántica, en Brasil, o de los Apalaches del Sur, en Norteamérica. El corredor que se extiende desde Galicia hasta el norte de Palencia ha sido concebido por el programa Hombre y Biosfera (MAB) como una herramienta para potenciar el desarrollo económico sostenible de este espacio y evitar los inconvenientes que pueden plantear pequeñas reservas aisladas. El panorama jurídico actual, renovado con la reciente sentencia del Tribunal Constitucional relativa a la gestión de los parques nacionales, y la peculiaridad de que la Gran Cantábrica es un espacio natural transfronterizo ha obligado al Ministerio de Medio Ambiente a encargar un informe sobre posibles fórmulas de organización y coordinación de la futura gran reserva. Un equipo de élite El catedrático leonés de Derecho Administrativo Carlos González-Antón ha coordinado el estudio, en el que han participado expertos de las universidades de León, Oviedo, La Coruña, Extremadura y la Politécnica de Madrid. En éste han participado especialistas en asuntos ambientales, economistas, biólogos, geógrafos y responsables de administraciones públicas y entidades conservacionistas. Los expertos consultados se decantan básicamente por dos modelos de gestión: la creación de un consorcio o la constitución de una fundación. La fórmula consorcial está siendo empleada con éxito en reservas como la de La Palma y «podría adaptarse con algunos retoques a la Gran Cantábrica». El Estado no debe imponerse El hecho de que sea un territorio que incluye espacios con diferentes figuras de protección -parque nacional, reserva regional de caza, parque natural...-, el informe recomienda que el modelo elegido se implante desde el principio de voluntariedad -en el marco de un convenio de colaboración en el que el Estado no imponga una organización concreta- para procurar un equilibrio en la intervención de todos los actores, en especial de las comunidades autónomas y los ayuntamientos. «La colaboración se convierte en una pieza imprescindible y esencial». Los expertos inciden en su propuesta para que las decisiones se adopten de una manera horizontal, de forma que todos los afectados estén representados proporcionalmente, desde los pueblos hasta el Estado, en una entidad sencilla y no muy costosa. La opinión local En definitiva, que no se cree un nuevo aparato burocrático, sino un instrumento ágil de discusión de los problemas y de gestión. «La inexistencia de relaciones entre los gestores y los instrumentos de planificación de los espacios que existen a un lado y otro de las fronteras administrativas resulta preocupante», concluye el informe. El asunto siempre complicado de permitir la participación de las poblaciones afectadas debe quedar asegurado por la vía asociativa o por la constitución de grupos de trabajo o asambleas de ciudadanos. De cara a determinar el sistema de financiación, el estudio recuerda, tras la lectura de la sentencia del TC que otorga a las autonomías la gestión de los parques nacionales, que éstas deberían ser quienes decidan cómo se destinan los recusos económicos.