Los tribunales tardaron en el 2004 cinco meses de media en resolver los casos

Francisco Hernando, el presidente del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), que ayer dio a conocer el primer estudio que compara el funcionamiento de los tribunales en todas las regiones, aseguró que las conclusiones de este análisis rompen con muchas de las ideas negativas que existen en España sobre la justicia. Su euforia se debe a que el informe, con datos del 2004, destaca dos rasgos positivos y fundamentales para medir la eficacia de los tribunales: que el tiempo de resolución de los casos no llega a cinco meses y medio y que la mayor parte de los juzgados solucionan en un año más asuntos de los que ingresan. El análisis, realizado por el Servicio de Inspección del CGPJ, concluye que la lentitud endémica de la justicia en España comienza a resolverse. Según los datos del 2004, el tiempo medio para resolver un asunto fue de 5,44 meses (cinco meses y 13 días). No obstante, el cálculo, una media nacional, es muy dispar según cada comunidad autónoma. Extremadura -con 3,19 meses-, La Rioja (3,3), Navarra (3,82) y Aragón (4,53) son las regiones con los juzgados más veloces, mientras que Murcia (7,21), Canarias (6,69) y Galicia (6,5) son las comunidades más lentas. En el caso de Murcia, parte de la lentitud la podría justificar su escasez de jueces por habitante, casi dos puntos por debajo de la media nacional. Casos pendientes El segundo dato positivo del informe es que la mayor parte de los juzgados lograron resolver en el 2004 más asuntos de los que ingresaron nuevos en ese período, lo que le ha permitido no incrementar, e incluso reducir levemente, los casos pendientes. Sólo La Rioja, Murcia, Valencia, Cantabria y Castilla-La Mancha ingresaron el año pasado unos pocos casos más de los que resolvieron, mientras que las comunidades que redujeron más asuntos pendientes fueron Asturias, Canarias, Galicia y Navarra. Dos elementos influyen decisivamente a la hora de que los tribunales de unas regiones u otras sean más o menos eficientes: los medios (jueces por cada 100.000 habitantes) y el índice de conflictividad legal (los litigios por 1.000 habitantes).