Las familias del retén de Guadalajara recibirán 18.000 euros cada una

El Consejo de Ministros aprobó ayer la concesión de ayudas a los damnificados por el incendio de Guadalajara, y compensaciones de 18.000 euros a cada una de las familias de los 11 fallecidos durante las tareas de extinción. Tendrán derecho a igual cantidad quienes hubieren sufrido incapacidad absoluta y permanente por la misma causa. El decreto rubricado por el Gobierno comprende también indemnizaciones por daños causados en explotaciones agrícolas, ganaderas y apícolas, y las extraordinarias en materia de vivienda y por pérdida de enseres. En su última reunión antes de las vacaciones, el Gabinete declaró «zona rural deprimida» a los 15 municipios afectados para que puedan beneficiarse de los fondos del plan de fomento del empleo agrario. A través de los créditos del Servicio Público de Empleo se incrementará la contratación de desempleados para la limpieza de montes, márgenes de ríos, tareas de vigilancia y educación ambiental. Y habrá créditos extraordinarios para financiar actividades de prevención y defensa contra incendios en la zona, y líneas prioritarias para facilitar servicio de telefonía móvil y acceso preferente a la banda ancha, entre otras actuaciones. Con carácter retroactivo, el Ejecutivo dará al grave incendio que asoló el verano pasado buena parte de la provincia de Huelva el mismo tratamiento que al de Guadalajara. Firmará un convenio con la Junta de Andalucía para aplicar «las ayudas complementarias que procedan». El Consejo de Ministros aprobó el proyecto de modificación de la Ley de Montes, que remitirá al Parlamento para su tramitación con carácter urgente. El texto prohíbe la recalificación del uso de suelos forestales quemados durante al menos 30 años desde el incendio y crea una fiscalía especial para delitos ambientales. Instrucción En tanto no se apruebe la ley y se haga realidad la nueva fiscalía, el Fiscal General del Estado ha dictado una instrucción para impulsar la actuación del Ministerio Público en la persecución penal de los incendios forestales. En todas las fiscalías territoriales se designará un fiscal encargado de coordinar la comunicación con las administraciones y las policías competentes, y centralizar la información policial y judicial sobre esta materia. El Fiscal General insta además a los fiscales a vigilar el acopio de indicios probatorios de las causas y circunstancias que dan origen a los incendios, y a valorar la gravedad de los destrozos producidos y el riesgo causado, además de su origen intencional o imprudente, para evitar nuevas catastrófes.