Touriño es elegido presidente con la promesa de reformar el Estatuto

El socialista Emilio Pérez Touriño fue elegido presidente de la Xunta por el Parlamento gallego con el apoyo de los nacionalistas del BNG, en un pleno de investidura en el que el líder del PP, Manuel Fraga, se comprometió a ejercer una oposición «leal, constructiva y responsable» y aceptó participar en la elaboración de un nuevo estatuto dentro de la Constitución. Los 38 votos a favor que recibió Pérez Touriño frente a los 37 en contra le garantizó el apoyo de la mayoría absoluta, gracias al pacto de gobierno con el Bloque. Además, empezó su andadura con una oposición de mano tendida que aceptó sus invitaciones a la concertación para pactar un nuevo estatuto y le devolvió la oferta, ampliada con la pretensión de alcanzar grandes acuerdos sobre el autogobierno, la financiación, el pacto local, las infraestructuras y las reformas del Estado de las Autonomías. El portavoz del Bloque, Anxo Quintana, repartió su intervención entre las críticas al gobierno saliente, la defensa de los acuerdos pactados con los socialistas y la reivindicación de los puntos de discrepancia. El líder nacionalista dejó claro que no renuncia a que Galicia sea reconocida como una nación, que blinde y amplíe sus competencias exclusivas y reclame al Estado la deuda histórica. Sin embargo, se comprometió a trabajar por un «gran acuerdo nacional» que haga posible un nuevo estatuto «en el que quepamos todos», e insistió en que éste será el objetivo prioritario del Bloque en esta legislatura. Un pulso entre caballeros En su nuevo papel de líder del partido mayoritario de la oposición, Manuel Fraga hizo gala de su sentido institucional y se brindó para garantizar la buena marcha del país, pero también constató que el PP fue el partido más votado en las elecciones. Se mostró preocupado por la debilidad que vaticina para el nuevo gobierno bicolor y recordó que en toda España, a excepción de Cantabria, gobierna la fuerza política con más escaños. No obstante, aseguró que su pretensión no era «verter la más mínima duda sobre la legitimidad democrática que le asiste» a Touriño para optar a la Presidencia. «Su posición no es envidiable», dijo al socialista y le advirtió de que al aliarse con el BNG será rehén - «como el Gobierno de la nación» - de la voluntad de un grupo minoritario que, a su juicio, no tiene clara la vigencia de la Constitución. Touriño replicó con ironía y le recomendó que preste más atención a la cohesión de su grupo. «Le veo muy preocupado por la estabilidad de la coalición», comentó, «no sufra por nosotros, preocúpese por mantener la unidad de los 37 diputados de su partido». El presidente del Gobierno, José Luis Rodríguez Zapatero, llamó a Touriño para felicitarle y estuvo hablando con él durante cuatro minutos. El nuevo presidente de la Xunta, Emilio Pérez Touriño, es el primer socialista que se hace con la máxima responsabilidad al frente del Gobierno gallego tras unas elecciones en los 24 años de la historia de la Autonomía, un logro que alcanzó en su segunda tentativa -tras presentarse a las autonómicas de 2001-, y después de que su acuerdo con el BNG apartase al PP del poder tras 16 años. Nacido en La Coruña el 8 de agosto de 1948, criado en Pontevedra y con residencia en Santiago, Touriño hace gala de su «lealtad a las raíces» al presentarse a las elecciones por la circunscripción de Pontevedra, pese a que, tradicionalmente, los aspirantes a la Xunta concurren por la de La Coruña. Casado con Esther Cid, padre de dos hijos y con un nieto, es autor de numerosos estudios sobre temas de desarrollo regional y economía agraria en el ámbito de la Unión Europea, uno de los cuales le hizo merecedor del Premio Nacional de Publicaciones Agrarias. Desde su juventud, Touriño estuvo vinculado con movimientos democráticos de lucha por la libertad, en los que ejerció como dirigente y militante activo progresista durante la transición. Esta trayectoria le llevó a participar directamente en el proceso de redacción del Estatuto de Autonomía de Galicia y en los llamados Pactos del Hostal que lo posibilitaron. Manuel Fraga confirmó en su primer discurso de oposición al Gobierno bipartito su intención de llevar la iniciativa política en el arranque de la séptima legislatura y desmarcarse de la agenda trazada por los socios de la coalición. En una primera intervención de marcado acento presidencialista, Fraga propuso cinco pactos institucionales: el autogobierno, las infraestructuras, la financiación autonómica, el Pacto Local y las reformas institucionales del Es-tado de las Autonomías. Manuel Fraga ofreció a Touriño una reforma consensuada del Estatuto, siempre dentro de la Constitución. Reprochó a socialistas y nacionalistas que defienden conceptos «contradictorios» de Galicia, una «comunidade de carácter nacional no marco dun Estado plurinacional» en definición de Quintana. Fraga abogó por que Galicia pueda afrontar las reformas autonomistas desde una «posición sólidamente respaldada polo seu Parlamento». El líder de la oposición anticipó, con todo, las dificultades que presentará la exploración del consenso en este campo, al asegurar que PSdeG y Bloque «manteñen diferencias irreconciliables» sobre los distintos frentes de la reforma institucional. Fraga proclamó, por ello, que ya se verá si el nuevo Gobierno es el del cambio o el de la ruptura. Menos compleja parece la posibilidad de cerrar acuerdos sobre infraestructuras, financiación y Pacto Local. Fraga pidió al nuevo presidente que «abandone a actitude sumisa que tivo ata agora fronte ao Goberno socialista en España» sobre las infraestructuras pendientes. El líder del Partido Popular planteó un gran acuerdo parlamentario para garantizar la ejecución de los proyectos en tiempo y forma. Respecto a la financiación autonómica, Fraga ofertó un pacto que permita a Touriño contar con el respaldo unánime de la Cámara en la defensa de los intereses de Galicia en un nuevo modelo que evite desequilibrios entre comunidades, garantice la autonomía y suficiencia financiera, y respete el principio de solidaridad. El proyecto de Estatut ha sido aprobado ayer en comisión pero sin el necesario consenso para superar el pleno previsto para septiembre, ya que el PSC ha mantenido su oposición a los derechos históricos como fórmula blindaje defendido por CiU y ERC, a quien los socialistas reprochan una «ruptura de lealtad». El alejamiento de posiciones producido en las últimas horas entre PSC y ERC sobre el capítulo de competencias volvio a evidenciarse ayer en la votación del proyecto en la Comisión Primera, cuando los republicanos secundaron a CiU al votar a favor de que la financiación autonómica tenga rango de derecho histórico. Esta situación generó un cambio de tornas en los papeles de PSC y CiU respecto a la primera lectura de la ponencia, cuando el PSC se mostraba favorable al texto y CiU se abstuvo con reticencias. ERC, a través de su presidente, Josep Lluís Carod-Rovira, ha justificó la iniciativa de ayer como un «gesto de acercamiento de los partidos del gobierno hacia el modelo que propone CiU», si bien ha mantenido su apoyo a la propuesta de financiación del Tripartito. Por su parte, ICV-EA, pese a juzgar «desmesurada» la reacción del PSC contra los derechos históricos, ha elogiado el proyecto estatutario, mientras que el líder del PPC, Josep Piqué, ha dicho que «existe el riesgo de una crisis del Tripartito, por lo que yo no descartaría como hipótesis unas elecciones anticipadas». Luz verde Tras casi tres horas de reunión, la comisión primera del Parlament dio paso al dictamen de la proposición de ley para la reforma del Estatut, aunque sin el consenso necesario de dos tercios que precisaría para su aprobación en el pleno previsto para septiembre y aparcando hasta entonces dos cuestiones clave, como el blindaje de competencias y la financiación. Al acabar la votación, un visiblemente satisfecho Artur Mas (CiU) ha dicho que votará a favor del texto si consigue el apoyo a su propuesta de concierto económico solidario, lo que ve posible ganar tras el apoyo de ERC a los derechos históricos en financiación. Mas ha calificado el dictamen aprobado ayer de «éxito parcial» para su formación, frente a un tripartito que ha visto «roto» en las votaciones, y un presidente de la Generalitat, al que ha reprochado su «falta de liderazgo».