La crisis del Estatuto pone al gobierno de Maragall en la cuerda floja
El presidente de la Generalitat, Pasqual Maragall, se encuentra en la cuerda floja. Su partido, el PSC, se ha quedado claramente en minoría en el tramo final de la negociación del nuevo estatuto de autonomía que, en principio, debería ser aprobado por el pleno del Parlamento de Cataluña a finales del próximo mes de septiembre, antes de ser enviado a las Cortes Generales. La debilidad del Gobierno autonómico y la división entre las fuerzas políticas puede conducir a un adelantamiento electoral, por más que el primer secretario de los socialistas y ministro de Industria, José Montilla, asegure que los comicios «no están en la agenda». Si hace un par de meses todo parecía indicar que la negociación del texto estatutario iba por buen camino, ahora, la situación ha cambiado radicalmente y nadie en su sano juicio puede garantizar que dentro de menos de dos meses los catalanes tengan un nuevo estatuto. Ni siquiera las palabras tranquilizadoras de Maragall y su afán por demostrar una tranquilidad que no existe en la clase política consiguen calmar los ánimos y ocultar la existencia de una crisis de gran envergadura. Los planteamientos maximalistas de las fuerzas nacionalistas, CiU y ERC, complican aún más las cosas. Solución lejana Los dos requisitos planteados por José Luis Rodríguez Zapatero para que el estatuto catalán sea aprobado por las Cortes Generales, la constitucionalidad del texto y un amplio consenso político, están muy lejos de haberse conseguido. Ni siquiera los tres partidos del Gobierno catalán (PSC-CpC, ERC e iCV-EUiA) se han puesto de acuerdo. Además, la distancia entre el Ejecutivo autonómico y la oposición (CiU y PPC) es abismal. Los populares catalanes, muy a pesar de los esfuerzos de su presidente, el centrista liberal Josep Piqué, y siguiendo directrices de los hombres fuertes de la dirección nacional, se oponen frontalmente al texto por considerarlo «inconstitucional». Los convergentes, a su vez, han dejado claro que no votarán la reforma estatutaria si no se negocia un nuevo sistema de financiación similar al concierto económico vasco y si el texto no defiende explícitamente los derechos históricos de Cataluña y las competencias exclusivas de la Generalitat.