La juez deja en libertad con cargos a los guardias civiles de Almería

La titular del juzgado de primera instancia e instrucción número 1 de Roquetas de Mar, Estefanía López Muñoz, dejó este lunes en libertad con cargos a los nueve guardias civiles imputados por la muerte del agricultor Juan Martínez Galdeano, ocurrida el pasado 24 de julio después de que los agentes le golpearan dentro del cuartel. La magistrado tomó esa decisión en contra del criterio del fiscal jefe de Almería, Juan Manuel de Oña, que ayer acudió al juzgado para presenciar el interrogatorio del teniente José Manuel R. y reclamar su ingreso en prisión, así como el de otro de los agentes implicados. También lo hizo el abogado de la familia, José Ramón Cantalejo, mientras que el defensor de los guardias reclamó su libertad sin cargos. Las dos acusaciones solicitaron que siguiesen en libertad los otros siete imputados, aunque con la obligación de comparecer en el juzgado de forma periódica. Al final, la magistrado optó por no encarcelar a ningún acusado aunque, como medida cautelar, le impuso al teniente y a otro guardia la obligación de comparecer ante el juzgado los días 1 y 15 de cada mes mientras dure la investigación. El fiscal Juan Manuel Oña, que ayer acompañó a la fiscal del caso en el interrogatorio de quien era el responsable del cuartel cuando se produjo el fallecimiento de Martínez Galdeano, negó a su entrada al juzgado haber recibido instrucciones del Gobierno, y justificó su petición de prisión para el teniente, de 29 años, y para uno de sus subordinados «en virtud de la utilización de medios agresivos y violentos en la reducción del detenido y por una posible extralimitación en sus funciones». Además, señaló que pudo existir «un delito de actitud degradante» frente al detenido. La Asociación Unificada de Guardia Civil (AUGC), la mayoritaria del cuerpo, reclamó el cese del director general del Instituto Armado, Carlos Gómez Arruche, a quien achaca que tratar de ocultar los hechos en el cuartel almeriense de Roquetas de Mar. En caso de que no se produzca este cese, la AUGC aseguró que responsabilizará de este asunto directamente a los ministros de Defensa e Interior. El presidente de esa asociación, Fernando Carrillo, exigió que se depuren responsabilidades por las «resistencias» y la «opacidad» del instituto armado ante la investigación. Fernando Carrillo alertó de que, si no se depuran responsabilidades, «nos exponemos a que de nuevo la opacidad, el corporativismo y la ley del silencio se impongan en la Guardia Civil».