La Seguridad Social agraria genera en León un déficit anual de 160 millones

El régimen especial de la Seguridad Social agraria, creado a mediados de los sesenta para dar cobertura a casi el 40% de las población activa desaparecerá dentro de dos años para encajar a los campesinos por cuenta propia como un empresario autónomo más, lo mismo que al dueño del bar del pueblo, de la tienda de la esquina, a un taxista o a un abogado. El 1 de enero del 2008 casi diez mil agricultores tendrán que pagar, como mínimo, 146 euros a la Seguridad Social en vez de los 114 que cotizaban hasta ahora, lo que supone porcentualmente un incremento del 28% para las escasas rentas de las zonas rurales. Según el secretario provincial del sindicato agrario Asaja, José Antonio Turrado, el proyecto gubernamental, filtrado el pasado día 7 de julio, apenas representa un incremento de las cotizaciones de cinco mil de las viejas pesetas al mes, pero «afecta a economías familiares de subsistencia que ya casi están al límite y poblaciones muy envejecidas en las que cotizaban a menudo marido y mujer a cambio de pensiones mínimas, pero que les bastaban. ¿Contrapartidas? Se supone que hay beneficios a la hora de incrementar pensiones y prestaciones sociales, pero sólo de forma proporcional y ya es tarde para convencer a gente con cincuenta años o más». Tarde, mal y nunca El régimen especial de la Seguridad Social Agraria es una ruina en todo el país, de la que la situación de la provincia leonesa es sólo un espejo: según las estadísticas del INSS quedan ya menos de 10.000 agricultores en activo, que cotizan por todos los concetos una media de las 25.000 desaparecidas pesetas al mes (menos de 150 euros por todos los conceptos), lo que suma una recaudación de apenas 17 millones de euros al año. Por el contrario los pensionistas agrarios son ya casi 45.000, cada uno de los cuales persibe un media de 400 euros al mes. La diferencia para la Seguridad Social supone un déficit de 160 millones de euros al año: el resultado de restar a los 180 millones de las pensiones los apenas 17 millones que se cotizan en cada ejercicio. El saldo final es de una de las viejas pesetas a diez en números rojos. Según Turrado, la reforma de la Seguridad Social que plantea ahora el Gobierno no es ninguna solución para las rentas agrarias, además de llegar tarde para sanear la cuentas o proporcionar beneficios a los pocos trabajadores que quedan en activo, «apenas la cuarta parte de los que había hace veinte o treinta años». La reconversión del sector, que antaño ocupaba hasta a un tercio de la población activa de la provincia, se ha financiado con fondos de otros regímenes de la Seguridad Social en vez de con los Presupuestos Generales del Estado y la reforma que se plantea ahora es solamente un parche: cada año se pierden 800 empleos, que no cotizan, la diferencia entre jubilados y jóvenes.