El Gobierno liquida por decreto un régimen obsoleto y en quiebra técnica

Ningún sindicato, salvo Asaja, se ha pronunciado hasta ahora sobre el borrador del proyecto de ley del Gobierno que pretende suprimir de un plumazo el régimen especial de la Seguridad Social agraria. Según el secretario provincial de esta organización en León, José Antonio Turrado, probablemente se deba a dos razones: «Por una parte el resto de las organizaciones le son afines y, por otra, es un tema delicado y difícil de rebatir con los números en la mano, pero en todo caso, es una decisión histórica que acaba con un sistema de medio siglo de antigüedad». «Ha pasado un mes», se añade, «desde que el borrador se filtró a las organizaciones agrarias y ninguna, menos nosotros, ha dicho nada a la prensa ni para bien ni para mal, aunque todos tengamos la copia de lo que quiere hacerse, con fecha exactamente del 7 de julio». Ni Coag, vinculada a CC.OO., ni UPA, a su vez unida a UGT, se han atrevido a entrar hasta ahora en un tema que sólo es el remate final a la reconversión agraria para equiparar a sus autónomos con cualquier empresario más. En cuanto al déficit histórico del sector se da por supuesto que, una vez extinguidos por simples razones de edad los actuales pensionistas, los agricultores tendrán que amoldarse a los nuevos tiempos como el resto de los sectores económicos. Obsoletos El borrador del futura normativa sobre la Seguridad Social de los agricultores, remitido a todos los sindicatos, «aunque sin membrete del ministerio», es claro en sus planteamientos. «El sistema nació a mediados de la década de los sesenta del siglo pasado para incorporar a los trabajadores del sector agrario a la Seguridad Social, reconociéndoles singularidades específicas, tanto en las bases y tipos de cotización como en las prestaciones». Dicho en lenguaje llano, estas singularidades se limitaban a pagar poco y también a cobrar menos que los demas, sobre la base de que la economía familiar agraria se basaba también, al menos en parte, en el autoabastecimiento. «Estos criterios», se añade, «que pudieron tener sentido en los momentos iniciales han devenido en obsoletos (...) y en lo tocante a las prestaciones del sistema la contribución atenuada se trauce también en prestaciones mínimas que no garantizan adecuadamente las pensiones con lo que aportan los trabajadores en activo». El borrador de la nueva normativa termina aludiendo al llamado Pacto de Toledo, suscrito en los años noventa por consenso de todos los partidos, para cuadrar los balances de ingresos de la Seguridad Social y evitar una quiebra del sistema a la sudamericana. De cualquier forma, la futura normativa para el sector agrario es sólo un borrón y cuenta nueva parcial: hasta que no se agoten las pensiones antiguas por el simple fallecimiento de sus titulares, lo que llevará un mínimo de dos décadas, tampoco habrá equilibrio en ingresos y gastos. Todavía hoy la edad media de los agricultores en activo ronda los cincuenta años y las afiliaciones incluyen, casi en la mitad de los casos, al marido y a la mujer para única explotación agrícola y ganadera. Es, según Turrado, la única forma de sumar una jubilación digna partiendo de dos cotizaciones tan bajas como lo que se va a cobrar después.