Dinero para la sanidad

ANTES DE abordar la reforma de los estatutos de autonomía, sobre la que planean los negros nubarrones del proceso catalán, el Gobierno parece decidido a resolver una cuestión previa y perentoria: la financiación de la Sanidad, que está acumulando unos déficit tan insostenibles que, de no ponerse remedio, se terminaría resintiendo la calidad de este servicio público esencial. Y Rodríguez Zapatero pretende solucionar este problema a través de la conferencia de presidentes autonómicos, una institución sin encaje constitucional que sin embargo suple de momento al Senado, que debería ser y no es. Fuentes oficiosas del Gobierno, recogidas por diversos medios, han anunciado los planteamientos del Ejecutivo, que negociará primero con cada comunidad autónoma -a cuyo objeto se reunirán próximamente el ministro Sevilla y el secretario de Estado de Hacienda, Miguel Ángel Fernández Ordóñez, con todos los consejeros de Economía- para conseguir un acuerdo global en el Consejo de Política Fiscal y Financiera del Estado que el vicepresidente económico, Solbes, se dispone a reunir poco después, quizá el 2 de septiembre. Finalmente, el acuerdo sería refrendado por la conferencia de presidentes, con toda solemnidad. El Gobierno ha mostrado también sus cartas financieras, seguramente a modo de globo sonda: la fórmula que habrá de ser aplicada es la de la corresponsabilidad fiscal; el Gobierno aportará en fin más recursos siempre que las comunidades autónomas incrementen su recaudación fiscal, para lo que aquél les concederá más capacidad impositiva, no sólo en lo referente a los impuestos especiales sino también a otras figuras tributarias. Y, para restañar el déficit, el Ejecutivo ofrece aportar a partes iguales 3.000 millones de euros en cuatro años, si bien el Estado proporcionaría íntegramente las dos primeras anualidades -de 750 millones de euros cada una- para que las comunidades tuvieran tiempo de aumentar su capacidad recaudatoria. El Ejecutivo ha advertido de que no pretende poner