Todos contra todos Denuncian a Balza por prevaricación

Después de un verano en el que la política antiterrorista parecía haber pasado a un segundo plano, la manifestación de Bilbao ha reabierto el enfrentamiento entre el PP y el Gobierno. Los populares acusan al Ejecutivo de «dejación de funciones» por permitir la iniciativa abertzale, pero el ministro de Justicia, Juan Fernando López Aguilar, recordó a los populares que no podía actuar puesto que esa decisión es competencia del Gobierno vasco. López Aguilar y la vicepresidenta primera del Gobierno, María Teresa Fernández de la Vega, aclararon en la rueda de prensa posterior al primer Consejo de Ministros después de las vacaciones de verano que el Ejecutivo central no tiene competencias para actuar contra una manifestación autorizada por el Gobierno vasco. De la Vega explicó que el Gobierno expresó su disconformidad con la iniciativa y que pidió a Vitoria que la prohibiera por medio de su delegado en Euskadi, Paulino Luesma. Estas palabras eran una respuesta a las «falaces» e «improcedentes» declaraciones del número dos popular, Ángel Acebes, quien quien acusó al Gobierno de hacer «una clarísima dejación de funciones» al permitir la marcha de la izquierda abertzale por la capital vizcaína. Acebes aseguró que la manifestación de Bilbao es «consecuencia de la oferta de negociación que Zapatero y el Gobierno realizaron a ETA-Batasuna» y una «gravísima consecuencia» de que el Ejecutivo haya «incumplido como ha incumplido la Ley de Partidos», en referencia a la no ilegalización del Partido Comunista de las Tierras Vascas. Sin competencia «Debería saber», le respondió el titular de Justicia, que el Gobierno vasco es la única autoridad competente para decidir en estos casos. Incluso le recordó al número dos del PP que ya en septiembre del 2002 el Tribunal Superior de Justicia del País Vasco reprendió al entonces delegado del Gobierno, Enrique Villar, por solicitar la prohibición de una manifestación con el lema «Gora Euskal Herria» (Viva Euskal Herria), puesto que no estaba legitimado para ello. El sindicato de funcionarios Manos Limpias interpuso ayer una denuncia contra el consejero de Interior del Gobierno vasco, Javier Balza, por autorizar la manifestación de Bilbao. La denuncia, por un presunto delito de prevaricación, está en manos de la Fiscalía General del Estado. Manos Limpias entiende que la autorización de la marcha supone un delito de prevaricación,en base al artículo 404 del Código Penal, ya que, «a pesar de las evidencias permitió la marcha» y además «aseguro que no hay indicios» de que Batasuna esté detrás de la misma.