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| Análisis | Los cuatro puntos |

Una inyección multimillonaria

Las medidas fiscales que el Gobierno de Zapatero propone a las comunidades autónomas para subsanar el déficit sanitario supondrían 2.000 millones más al año

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efe | madrid

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Las medidas fiscales que el Gobierno propone a las comunidades autónomas para subsanar el déficit sanitario supondrían, de aprovecharse plenamente, una aportación de unos 2.000 millones de euros anuales (332.772.000.000 pesetas), que se verían complementados en los dos primeros ejercicios con otros 500 aportados directamente por el Estado. Así consta en la propuesta que el Gobierno ha hecho llegar a las comunidades autónomas y que tiene su principal fuente de recursos en el Impuesto sobre Ventas Minoristas de Hidrocarburos (el llamado «céntimo sanitario»), aunque también incluye subidas de los impuestos sobre el alcohol y el tabaco y la posibilidad de incrementar el que grava el consumo eléctrico. La propuesta del Gobierno para obtener más recursos se basa en cuatro instrumentos: 1 Impuestos sobre alcohol y tabaco. Los gestiona y recauda el Estado, pero el 40 por ciento de lo que obtiene de ellos va a parar a las CC.AA. La propuesta es elevarlos en un 10 por ciento, hasta 830,25 euros por hectolitro de alcohol puro y hasta 4,20 euros por mil cigarrillos, además de subir el tipo ad valorem en el impuesto sobre el tabaco del 54 al 54,95 por ciento. Con esta subida se obtendrían 25,4 millones del impuesto sobre bebidas alcohólicas y 101,8 por el de tabacos. 2 Impuesto sobre ventas minoristas de hidrocarburos. Las comunidades autónomas tienen desde el 2002 la posibilidad de aplicar recargos de hasta 2,4 céntimos por litro, pero sólo lo aplican actualment cinco autonomías (Madrid, Cataluña, Galicia, Asturias y Comunidad Valenciana) y no en todo su recorrido. El Gobierno propone que las CC.AA. usen toda su capacidad sobre ese impuesto y el de determinados Medios de Transporte, lo que supondría unos ingresos de 696,9 millones. Además se duplicaría la capacidad normativa de las comunidades de modo que pudieran cargar cada litro con hasta 4,8 céntimos, con unos ingresos estimados de 819,8 millones. 3 Impuesto sobre la electricidad. Es un impuesto cedido por el Estado a las CC.AA. que obtienen el 100 por cien de la recaudación pero no tienen capacidad para modificar el tipo (actualmente el 4,864 por ciento). La propuesta es dar a las autonomías la posibilidad de que establezcan un recargo de dos puntos (hasta el 6,864 por ciento) lo que permitiría obtener 321,4 millones). 4 Aportacion directa del Estado. El Estado aportaría de forma transitoria y durante los ejercicios de 2006 y 2007 1.000 millones de euros. Cada año la aportación sería de 500 millones, de los que 50 serían un «tramo de cohesión sanitaria» canalizado a través del Ministerio de Sanidad y Consumo. Los otros 450 se entregarían a las CC.AA. a través de «aportaciones no consolidables» que se repartirán con el mismo criterio del sistema actual (75 por ciento por población, 24,5 por ciento por población mayor de 65 años y 0,5 por ciento por insularidad), aplicando los datos de población mas reciente. Además el Estado aumentará de forma transitoria las entregas a cuenta que hace a las CC.AA. por los impuestos cedidos hasta el 100 por cien desde el 98 por ciento actual. La propuesta incluye además medidas para moderar el crecimiento del gasto sanitario tales como implantar criterios racionales en la gestión de compras, asegurar la calidad y el uso racional de los medicamentos o promover la demanda responsable de los servicios sanitarios. Asimismo, también recomienda un uso racional de las tecnologías diagnósticas y terapéuticas, consolidar incentivos a los profesionales sanitarios, reforzar las Agencias de Evaluación de Tecnologías, aumentar los recursos para la atención primaria y desarrollar el Sistema de información del Sistema Nacional de Salud. Aún así, el grupo de análisis del gasto sanitario continuará con sus trabajos para proponer otras medidas adicionales. Con estas medidas se pretende que las comunidades autónomas logren que el gasto sanitario no crezca por encima del PIB y que se comprometan a revisar sus gastos no sanitarios para obtener recursos adicionales para financiar la sanidad.