El Gobierno propone subir tabaco y alcohol para pagar la sanidad

El Gobierno ofreció ayer a las comunidades solucionar «a medias» el déficit sanitario. La aportación gubernamental sería de 500 millones de euros en 2006 e igual cifra en 2007, y una subida del 10 por ciento de los impuestos sobre el alcohol y el tabaco. Los ejecutivos autónomos, a su vez, tendrían capacidad para incrementar la fiscalidad sobre los hidrocarburos, las matriculaciones de vehículos y aplicar un recargo de un 2 por ciento en el recibo de la luz. Estas medidas se complementarían con una serie de recortes en el gasto sanitario. Si esta propuesta es aceptada y aplicada por todas las autonomías y refrendada en la Conferencia de Presidentes, a celebrar el próximo 10 de septiembre, supondría inyectar 2.500 millones de euros anuales para paliar el déficit sanitario. El Ejecutivo envió ayer su propuesta para limar el déficit de la Sanidad a las comunidades y las respuestas fueron las esperadas: receptividad en las autonomías gobernadas por el PSOE y rechazo en las del PP. El vicepresidente y titular de Economía, Pedro Solbes, y los ministros de Administraciones Públicas y Sanidad, Jordi Sevilla y Elena Salgado, insistieron en que no se trata de modificar el actual sistema de financiación sanitaria, aprobado por el anterior Gobierno de José María Aznar en 2001, sino de «mejorar» el modelo vigente al otorgar «recursos y márgenes adicionales» a los gobernantes autonómicos, que son los que tienen que financiar la Sanidad pública. Ninguna obligación José Luis Rodríguez Zapatero subrayó esta idea desde Gijón, donde recordó que el Gobierno «no está obligado» a realizar ninguna oferta sobre la financiación sanitaria porque es una competencia de las comunidades. El jefe del Ejecutivo explicó que optó por adquirir «un compromiso» para resolver un problema que afecta a los ciudadanos, y confió en que nadie introduzca «elementos de índole partidario» en la negociación porque se trata de atender a los intereses generales. Enviado el documento a las comunidades, el calendario de negociaciones tiene tres fechas clave: el 5 de septiembre, cita preparatoria del Consejo de Política Fiscal y Financiera; el 7 de septiembre, reunión de ese consejo en la que el Gobierno central y los autonómicos deberían cerrar un acuerdo, y 10 de septiembre, Conferencia de Presidentes que refrendaría el pacto. La propuesta gubernamental plantea recortar el gasto y elevar los ingresos a través de cuatro vías: aportación de mil millones en los Presupuestos de los dos próximos años, incremento del 10 por ciento del impuesto sobre el alcohol y el tabaco a partir del 1 de enero -las autonomías tienen cedido el 40 por ciento de la fiscalidad de estos productos-, aumentar la capacidad normativa de las comunidades en los impuestos sobre carburantes, matriculación y electricidad, y pasar las entregas a cuenta del 98 al 100 por ciento. Justa El ministro de Administraciones Públicas sostuvo que la propuesta es «justa y equilibrada» porque reparte las cargas sin alterar el sistema vigente y sin variar los criterios de reparto ya que la población, actualizada con el censo de 2004, será el parámetro principal. Precisó, no obstante, que «no está cerrada» y puede modificarse en la negociación. La no aceptación, aclaró Sevilla, no implicará penalización y las autonomías que no quieran no podrán ser obligadas a subir los impuestos y, en cambio, se beneficiarán del dinero aportado por el Gobierno y de las subidas del alcohol y el tabaco en el tramo del 40 por ciento que tienen cedido. Ahora bien, aclaró, si no se incrementa la presión fiscal tendrán que buscar los recursos en otra parte, que no podrá ser el Gobierno central, para hacer frente al gasto sanitario. «Si el PP tiene otra fórmula -retó- que la diga y no se limite simplemente a rechazar ésta». Solbes precisó, a su vez, que la única figura fiscal nueva es el recargo del 2 por ciento en la factura de la luz, que también será optativa, ya que las demás figuraban en el modelo aprobado en 2001. El titular de Administraciones Públicas cifró en 2.500 millones de euros anuales la inyección económica que recibirá el sistema sanitario si se aplican todas las medidas en todas las comunidades, con la excepción del País Vasco y Navarra que tienen su régimen propio gracias a su sistema de financiación foral. Sevilla llegó a esa cifra con la suma de los 500 millones que aporta el Gobierno, los 25,4 millones que aportaría de la subida del 10 por ciento del alcohol, 101,8 millones del aumento del tabaco, 696,9 millones por la aplicación en todas las autonomías del impuesto vigente de 0,24 céntimos por litro de carburante (ahora sólo lo aplican cuatro), 819,8 millones resultantes de duplicar ese mismo impuesto, y 321,4 millones por el recargo de dos puntos en la factura eléctrica. El resultado exacto es 2.465,3, un dinero al que habría que añadir los 800 millones que Hacienda entrega a cuenta cada año a las 15 autonomías. Una cantidad que, con todo, sería insuficiente para reducir a cero el déficit sanitario, ya que en el último ejercicio con las cuentas cerradas, el de 2003, llegó a 4.846 millones de euros. Un desequilibrio que el Gobierno propuso atajar con «la racionalización del gasto», en palabras de la titular de Sanidad. Salgado enumeró que entre las medidas propuestas figura criterios racionales en la gestión de compras con centralización de las adquisiciones, uso racional de las tecnologías, promover una demanda responsable de los servicios sanitarios y campañas de prevención. Todo ello con un objetivo: frenar el gasto sanitario para que no crezca por encima del PIB, como ocurre en la actualidad. «Si el PP tiene otra fórmula que la diga y no se limite simplemente a rechazar ésta» JORDI SEVILLA Ministro de Administraciones Públicas