Rajoy asume como propia la decisión de recurrir contra las bodas gais

La decisión del PP de recurrir ante el Tribunal Constitucional la Ley que permite el matrimonio entre personas del mismo sexo es una instrucción directa del presidente del partido, Mariano Rajoy, en la que ha primado la defensa de la Carta Magna frente a criterios de oportunidad política. Rajoy confirmó que tomó la decisión «interpretando el sentir de muchos ciudadanos españoles, muchos del PP y otros que no lo son» y contestó a las declaraciones de la presidenta de la Comunidad de Madrid, Esperanza Aguirre, que se opuso al recurso porque se interpretará como un ataque a los homosexuales asegurando que entre la legalidad y el oportunismo político siempre apostará por la Ley. Ante estas afirmaciones el portavoz del PSOE en el Congreso, Alfredo Pérez Rubalcaba, no consideró extraño que surjan voces discrepantes en el grupo de la oposición sobre este tema, pero no por principios sino por oportunidad política e interés partidista y personal. Rajoy confirmó que la decisión de presentar un recurso contra la Ley de matrimonios homosexuales la tomó él mismo «interpretando el sentir de muchos ciudadanos españoles, muchos del PP y otros que no lo son». El presidente de la oposición señaló que «además de no estar de acuerdo porque creo que el matrimonio es otra cosa, creemos que esta ley es contraria a lo que dice la Constitución española». Por eso, Rajoy declaró que cueste lo que cueste tiene que colocar la Ley por encima del oportunismo político. «Si el PSOE quiere con esto distraer la atención de otras cosas, hacer juego político y lanzar esto contra el PP, pues lo siento mucho, pero si alguien tiene la obligación de defender la legalidad cuando cree que se está incumpliendo es alguien que ha sido elegido por el pueblo español», añadió. Discrepancias internas Las declaraciones de Rajoy son una contestación a las voces que, dentro del PP, no comparten la necesidad de presentar el recurso. La más destacada, la de la presidenta de la Comunidad de Madrid. Aguirre había explicado a primera hora de la mañana de ayer que, aunque es posible que la ley sea efectivamente inconstitucional, su criterio responde a una razón de oportunidad, no de legalidad. «Socialmente no se va a entender como una cuestión de constitucionalidad, sino como un ataque a los homosexuales», dijo y añadió que «como presidenta de una comunidad como Madrid, soy presidenta también de los homosexuales y defiendo los derechos individuales de todos, sea cual sea su orientación sexual». La polémica en torno al término matrimonio está servida dentro y fuera del Partido Popular.