Una «nación» blindada con agencia tributaria propia El largo camino en el Congreso

Cataluña es una nación. Uno de los aspectos más conflictivos de la propuesta está en su preámbulo y en la interpretación de que la definición de Cataluña como nación reconoce indirectamente el derecho de autodeterminación. Este mismo apartado, que no tiene aplicación jurídica, se refiere además a España como Estado plurinacional. Competencias excluyentes. Los partidos catalanes han pretendido blindar las competencias de la Generalitat mediante una fórmula que le atribuiría «de manera íntegra y excluyente» la potestad legislativa, la potestad reglamentaria y la potestad ejecutiva. La Seguridad Social. El texto aprobado por el Parlamento concede a la Generalitat la gestión de los servicios del régimen económico de la Seguridad Social; una atribución que, a juicio del PP, rompe la «caja única». Selecciones deportivas. La Generalitat se compromete a través de la propuesta a garantizar que las federaciones deportivas catalanas participen en competiciones oficiales internacionales a través de selecciones nacionales. Reforma judicial. El Tribunal Superior de Justicia de Catalunya se convierte en última instancia judicial en la comunidad autónoma, incluso en los recursos extraordinarios. Además, la reforma convierte el conocimiento del catalán en requisito imprescindible para acceder a una plaza de magistrado. Y crea el Consell de Justicia de Catalunya como órgano descentralizado del CGPJ, para el que podrá recomendar la designación de miembros. Competencias municipales. Se atribuye a la Generalitat potestad par determinar las competencias de los poderes locales: los órganos de gobierno de los municipios y las diputaciones. Relación bilateral con el Estado. El título de relaciones con el Estado crea una comisión bilateral como marco permanente de relación . Delegaciones ante la UE. La Generalitat participará directamente, e incluso podrá presidir, todas las delegaciones españolas ante la Unión Europea que traten asuntos de su competencia. Además gestionará los fondos europeos destinados a áreas de su competencia y, si no se pudieran territorializar, participará en su distribución. Sistema de financiación. La Generalitat gestionará, recaudará, liquidará e inspeccionará todos los impuestos (tanto estatales como propios) de Cataluña a través de su agencia tributaria, y aportará después al Estado una cantidad, determinada por una comisión mixta, en concepto de servicios prestados y como aportación a la solidaridad. El Congreso tiene ahora la palabra. Los partidos catalanes han necesitado casi dos años de arduas negociaciones para redactar un texto que todos pudieran suscribir. Sin embargo, su propuesta de reforma estatutaria tendrá que superar ahora un complejo trámite parlamentario que, en el mejor de los casos, implicará la modificación de buena parte de su contenido. En el PSOE ya se da por hecho, por ejemplo, que el sistema de financiación tendrá que ser rebajado por «demasiado ambicioso». La redacción final se pactará en un comisión conjunta de diputados nacionales y autonómicos. Y si llega a buen puerto se someterá a la votación del pleno, del que sólo saldrá si cuenta con el apoyo de la mayoría absoluta de la cámara. La tramitación en las Cortes Generales de la proposición catalana comenzará el miércoles próximo. El presidente del Parlamento autonómico, Ernest Benach, viajará a Madrid para entregar personalmente el texto a Manuel Marín. El primer rifirrafe político se suscitará ya en la Mesa. El PP pretende que, en caso de ser admitido a trámite, se le dé categoría de reforma constitucional. Si no es así, abogará por devolverlo a la asamblea regional con el argumento de que los defectos de forma que impiden considerarlo propuesta de reforma estatutaria. Marín ya ha advertido de que, en cualquier caso, la Mesa no tiene más opción que calificar la propuesta; es decir, que debe ser el pleno, como ocurrió con el plan Ibarretxe, el que decida si la tramita o la rechaza. La propuesta catalana pasará su primer filtro y sólo el PP se opondrá en el pleno -primera semana de noviembre- a analizarla y discutirla. Pasqual Maragall, Artur Mas y Josep Lluís Carod Rovira regresarán a Cataluña al menos con esa batalla ganada. Lo difícil comenzará a partir de entonces. Tras el debate de totalidad se abrirá un plazo de enmiendas que puede prolongarse durante todo un mes (se llegaría así a diciembre). Una vez presentadas las propuestas de modificación, la comisión constitucional comenzará a trabajar en la redacción de un texto consensuado con una delegación del Parlamento catalán. Ambas disponen de dos meses para llegar a una resolución. Y aquí estará lo complicado porque sólo se considerará que hay acuerdo si la mayoría de cada una de ellas apruebe el documento propuesto. Todas las fuerzas parlamentarias auguran largas jornadas de discusión, seguramente entre los meses de febrero y marzo. Si pasados dos meses no se hubiera alcanzado el acuerdo, el Reglamento del Congreso establece que la comisión constitucional -por sí sola y sin contar con la delegación autonómica- redactará un dictamen en el que se pronunciará sobre las enmiendas hechas al articulado y éste será sometido al pleno de la cámara baja. Si hay acuerdo, el pleno deberá ratificarlo. Y, legalmente, bastaría con un entendimiento entre PSOE, ERC e ICV-IU para que el nuevo estatuto pueda ser sometido a referéndum.