Interior niega irregularidades en la devolución de subsaharianos a Marruecos

El titular de Interior, José Antonio Alonso, aseguró ayer en el Senado que los inmigrantes repatriados a Marruecos tras las avalanchas de Melilla «dispusieron de todas las garantías legales y jurídicas que contempla el ordenamiento jurídico español y fueron informados de su derecho a solicitar asilo». Según el ministro, el Ejecutivo respetó «los principios internacionales en materia de asilo» y fue «absolutamente escrupuloso en el estricto cumplimiento de nuestro ordenamiento jurídico y a su control judicial». Alonso reiteró que «ninguna de las personas devueltas demandó ningún tipo de protección internacional (asilo), sin que existiera obstáculo alguno para que lo solicitaran de manera efectiva». La versión del ministro choca frontalmente con la del Consejo General de la Abogacía Española, que incluso envió la pasada semana una comisión de expertos a Ceuta y Melilla para confirmar las irregularidades que la Administración cometió en la deportación masiva. Según las investigaciones del CGAE, que en breve se plasmarán en un informe oficial, al menos seis de los 73 expulsados solicitaron asilo político en Marruecos y en España. El borrador apunta que las deportaciones forzosas no fueron notificadas a ninguno de los abogados que los asistieron, a los que tampoco se les facilitó la resolución de devolución. Los inmigrantes no tuvieron la asistencia de un interprete. A los «sin papeles» se les dijo en todo momento que iban a ser trasladados a la península, según las conclusiones provisionales de los comisionados.