Atutxa se sienta en el banquillo y rechaza responder a la acusación

El ex presidente del Parlamento vasco, Juan María Atutxa (PNV); el ex vicepresidente de la Cámara, Gorka Knörr (EA), y la secretaria segunda, Kontxi Bilbao (EB-IU), negaron ayer los cargos de desobediencia y aseguraron que hicieron «todos los esfuerzos posibles» para ejecutar el mandato del Tribunal Supremo para disolver al grupo Sozialista Aber-tzaleak (SA) -heredero de la ilegalizada Batasuna- en el Legislativo autónomo. En la primera jornada del juicio en el Tribunal Superior de Justicia del País Vasco, los tres imputados se esforzaron el desmontar las tesis de la acusación, ejercida en solita-rio por el grupo ultraderechista Manos Limpias, toda vez que la Fiscalía retiró los cargos. Si son hallados culpables, Atutxa, Knörr y Bilbao podrían ser castigados con penas de dos años de inhabilitación y multa de 108.000 euros cada uno. El ex presidente del Parlamento, que al igual que sus compañeros se negó a responder a las preguntas de Manos Limpias, esgrimió en su defensa el informe del anterior fiscal general del Estado, Jesús Cardenal, en el que, antes de la ilegalización de Batasuna, señaló que la disolución de esta formación no implicaba la de sus grupos parlamentarios, que correspondía a las cámaras legislativas. Atutxa señaló que tanto él como Knörr y Bilbao hicieron «todos los esfuerzos posibles» para cumplir el auto del Supremo, pero aclaró que los integrantes de la Mesa del Parlamento «no teníamos ninguna vía» para cumplir un auto que, dijo, implicaba «una invasión de la soberanía del Parlamento». El ex presidente apuntó además que la orden judicial le situó en un «callejón sin salida» porque su cumplimiento les obligaba a «incumplir otra ley», el reglamento de la Cámara, que no contempla la disolución de grupos. Con el informe de Jesús Cardenal como aval, Atutxa aclaró que para ejecutar la disolución del partido político era preciso llevar previamente a cabo una modificación del reglamento de la Cámara, algo que planteó la presidencia del Parlamento el pasado 5 de junio del 2003 y que fue sin embargo rechazado por la Junta de Portavoces un día después. «Detrás de mi actuación no hubo ningún artilugio para no cumplir la resolución judicial», señaló Atutxa, quien defendió que actuó en todo momento «con transparencia» y que desveló que su proceder contó con el apoyo de un cuarto miembro de la Mesa, el representante so-cialista Manuel Huertas, para quien el cumplimiento de la orden judicial requería de la reforma del reglamento.