El Ejecutivo prevé un amplio consenso para el Estatuto, que quedará en el límite constitucional
El Gobierno otorgará a Cataluña el máximo autogobierno que pueda
Sevilla cree que Rajoy no tardará en «hablar catalán en la intimidad» al ver que está solo Rajo
La solución del Gobierno para que el nuevo Estatuto de Cataluña contente a los catalanes y al resto de los españoles es un «minimax». La definición es del ministro de Administraciones Públicas, Jordi Sevilla, y consiste en que el texto satisfaga el «mínimo exigible por Cataluña» y cumpla con el «máximo tolerable por España». En síntesis, que el Ejecutivo de Rodríguez Zapatero está dispuesto a que el estatuto recoja el máximo autogobierno para Cataluña sin vulnerar los límites constitucionales. Sevilla se mostró convencido de que «el único resultado razonable y posible» para el Estatuto de Cataluña es que el Gobierno tenga una actitud generosa dentro del marco constitucional, y que las fuerzas catalanas que respaldan el proyecto asuman que el texto será alterado, pero sin desfigurar su naturaleza. Va a haber, aventuró, un acuerdo entre el PSOE, las fuerzas del tripartito catalán, CiU y los nacionalistas vascos, canarios y gallegos para que «entre marzo y abril» se apruebe en el Congreso el proyecto estatutario. Un entendimiento de esta naturaleza implicará que el texto obtendrá en las Cortes un consenso político aún mayor que el que obtuvo en el Parlamento catalán, aunque en cifras sea menor por el mayor número de los diputados y senadores populares. Sevilla consideró que el texto será «un avance muy importante» para el autogobierno de los catalanes, pero al mismo tiempo será «respetuoso» con la Constitución y «aceptado mayoritariamente por el conjunto de España». El ministro confió en que el PP se sume a los trabajos parlamentarios y participe en la discusión de enmiendas. Pero si no fuera así, el Gobierno no tiene dudas de que ese boicot, aunque parta de uno de los dos partidos mayoritarios, no restará «legitimidad» al Estatuto. Es más, la reforma estatutaria contará, a juicio del Ejecutivo, con tres fuentes de legitimidad: la del Parlamento autonómico, la de las Cortes Generales y la del referéndum que se celebrará en Cataluña. Ante la magnitud democrática de esos refrendos, se preguntó Sevilla: «¿qué va a hacer el PP?» El ministro se mostró esperanzado, pese a todo, en que el partido opositor «rectifique» su estrategia «obstruccionista y de confrontación» y no caiga en «el error que obligó cometer» al líder de los populares catalanes, Josep Piqué, quien participó en la primera fase de los trabajos en la Cámara autonómica, pero se marginó en la etapa decisiva. La participación del PP tendrá que ser, eso sí, voluntaria porque el Gobierno «no va a cambiar nada» para facilitar su concurso ni va a renunciar a pactar el texto con el tripartito catalán y CiU. El ministro consideró que el partido opositor comete «un error político» que «este país no se merece» al alentar la «confrontación» entre Cataluña y España. Una estrategia, opinó, con la que el principal partido de la oposición va a salir «tocado». Sevilla apuntó que el PP, tras el debate del 2 de noviembre, tendrá que «plegar velas» al comprobar su soledad frente al Estatuto y revisará su actuación porque con la trayectoria que lleva no va a poder gobernar con nadie, salvo que obtenga la mayoría absoluta en unas futuras elecciones por lo que el PP va a buscar a corto plazo un acercamiento a CiU y Rajoy «tardará un poquito, pero no mucho» en decir que «habla catalán en la intimidad». «Rajoy tardará un poquito, pero no mucho en decir que habla catalán en la intimidad» JORDI SEVILLA Ministro de Admones. Públicas