Y van cinco

La ocupación de Jun por parte de decenas de familias no es el primer caso que ocurre en Andalucía. Diez años antes de que el pasado 17 de octubre comenzara la ocupación de los bloques de Jun, un grupo de dieciséis familias de Granada ocuparon una residencia que la Guardia Civil tenía abandonada desde 1992 en el barrio de Almanjáyar. Las sesenta personas que ocuparon el inmueble el 16 de noviembre de 1995 se dedicaban a la recogida de chatarra y cartones y mostraron, en su momento, su disposición a pagar un alquiler. En 1997, la Audiencia de Granada absolvió a un matrimonio al considerar que no estaba probado que emplearan la fuerza para acceder a una casa deshabitada del Ministerio de Educación, y les permitió seguir en el inmueble porque «la situación ha sido tolerada» por el propietario. En 1989, diez familias ocuparon una decena de pabellones militares en Tarifa (Cádiz), donde, dos años después, otras veintiuna familias decidieron vivir durante diez días en dos bloques de casas militares deshabitadas. En 1993, doce familias ocuparon viviendas municipales de la barriada sevillana de Pino Montano en protesta por la ruina de los pisos de alquiler en los que vivían y en 1999 catorce familias de Berja (Almería) ocuparon por la fuerza varias casas de protección oficial aduciendo el mal estado de sus pisos. Este mismo motivo fue el argumento de la ocupación más reciente y que ha tenido un final más feliz: durante varios días, 25 personas de diez familias distintas del barrio sevillano de San Bernardo ocuparon un edificio de viviendas de protección oficial terminado pero cuyos pisos no se habían adjudicado para reclamarlos como alojamiento transitorio mientras sus pisos de alquiler eran rehabilitados, algo a lo que el Ayuntamiento accedió tras varios días de negociaciones.