Diario de León

El presidente buscará el apoyo de las comunidades para reformar el Senado antes del 2008

Zapatero ofrecerá a las autonomíaspactar?la?financiación?esta?legislatura

Ibarretxe no acude a la cita aduciendo que el pleno del Congreso votó en contra de su plan

El presidente del Gobierno se dirige al pleno del Senado en una de sus intervenciones

El presidente del Gobierno se dirige al pleno del Senado en una de sus intervenciones

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Marta Suárez - madrid
León

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José Luis Rodríguez Zapatero planteará en el debate sobre el Estado de las Autonomías que esta semana acoge el Senado pactar los cambios del sistema de financiación antes de que concluya la legislatura. El jefe del Ejecutivo propondrá a los presidentes autonómicos reformar la cámara territorial e intentará que el encuentro no se convierta en un debate «bis» del Estatuto de Cataluña. Apenas cinco días después de que el Congreso de los Diputados tomara en consideración la propuesta de reforma del Parlamento catalán, el Senado se dispone a celebrar por tercera vez en su historia el debate autonómico. El Gobierno cuenta con que el PP intentará convertirlo en una segunda vuelta del pleno del pasado miércoles, pero tratará de evitar que estos tres días -7, 8 y 9 de noviembre- pivoten en torno a la reforma catalana. Lo que sí hará Zapatero, después de haber advertido a la Generalitat que el estatuto no podrá recoger un modelo de financiación cerrado, será plantear a todas las autonomías la necesidad de abordar un nuevo sistema antes de 2008. Es decir, que discutirá la misma cuestión que centró los anteriores debates de 1994 y 1997. Propondrá «adecuar» el actual modelo a las necesidades del Estado y de las comunidades «manteniendo y aumentando si es posible la corresponsabilidad fiscal» y los mecanismos de solidaridad. El presidente planteará sentar las bases del acuerdo «durante esta misma legislatura» en el Consejo de Política Fiscal y Financiera, foro en el que están representadas todas las administraciones autonómicas. De esta manera, el Gobierno volverá a desechar la demanda catalana de llegar a un acuerdo bilateral con el Estado, como ya advirtió en el pleno del estatuto. El único ausente será el presidente del País Vasco, Juan José Ibarretxe. Aunque el 'lehendakari' ha participado en las dos conferencias de presidentes celebradas hasta la fecha, su antecesor José Antonio Ardanza tampoco acudió a las dos anteriores reuniones de este foro. El motivo aducido en esta ocasión es que el Congreso de los Diputados votó en febrero en contra del plan Ibarretxe. La intervención del jefe del Ejecutivo comenzará con un elogio a los efectos positivos que la descentralización ha tenido en la cohesión económica, territorial y social de España y defenderá «la necesidad» de las reformas estatutarias puestas en marcha. No cederá competencias A las comunidades que plantean modificaciones en sus cartas autonómicas les advertirá, empero, que el Estado no cederá «en ningún caso» competencias que debiliten la unidad de mercado o la cohesión social. Zapatero expondrá además el calendario y los procedimientos para cambiar la Constitución, que está pendiente del informe del Consejo de Estado, y abogará por mejorar los instrumentos de coordinación y solidaridad entre territorios, que defenderá haber reforzado en su primer año al frente del Palacio de La Moncloa. Hará hincapié en el «especial esfuerzo» realizado por su gabinete para integrar a las autonomías en la delegación española que asiste a los consejos de ministros de la UE, para impulsar la participación de las regiones fronterizas en las cumbres bilaterales con los Estados limítrofes, para reactivar las conferencias sectoriales y las comisiones bilaterales de cooperación y también para instaurar la conferencia de presidentes, nuevo órgano de colaboración con un formato parecido al debate de las autonomías, solo que a puerta cerrada y más ágil. Zapatero hará una mención especial al Senado. Hoy reafirmará su compromiso de convertirlo en una cámara territorial y buscará el apoyo de los presidentes autonómicos a esta modificación, que implica cambios en la carta magna con los que no comulga el PP.

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