El Defensor pide cambiar la ley para no tratar al inmigrante como un criminal

El Defensor del Pueblo ha remitido al Congreso de los Diputados un vasto informe de 655 páginas en el que denuncia numerosas irregularidades en el sistema de asistencia jurídica a los inmigrantes. Entre las recomendaciones que Enrique Múgica hace a todo tipo de instituciones figura la petición al Gobierno de que cambie cuanto antes la ley de extranjería para evitar seguir tratando a los extracomunitarios «como delincuentes». El estudio reclama al Ministerio de Trabajo que encare esta reforma para que sean los jueces de lo contencioso y no los de instrucción (penales) quienes decidan sobre la autorización de internamiento de los irregulares. De otro modo, «los extranjeros sometidos a procedimientos de extranjería son tratados como delincuentes». En su informe, la oficina del Defensor, que hace 74 recomendaciones a 18 administraciones y organismos públicos diferentes, también aborda la escasa supervisión de la justicia en los procedimientos de expulsión o devolución de clandestinos. El departamento que dirige Múgica llega a la conclusión de que el «control judicial» de estas expulsiones es «puramente formal en la mayoría de los casos». El problema radica en que un mismo juez de instrucción es el que se encarga de decidir sobre la suerte de cientos de inmigrantes llegados a los centros de internamiento desde todos los rincones del país, sin que el magistrado tenga conocimiento exacto de las circunstancias en que cada inmigrante fue detenido. Además de reclamar al Consejo General del Poder Judicial que establezca jueces especialistas en las ciudades donde hay centros de internamiento, el Defensor exige al Ejecutivo más reformas legislativas para aumentar las garantías de las personas que son expulsadas del país por la figura del 'rechazo en frontera'. Múgica cree necesario que un juez «supervise esta decisión antes de que el extranjero sea devuelto a su país». El informe es tajante: la figura de la 'devolución en frontera' utilizada por el Gobierno en las últimas semanas para deportar a los inmigrantes de Ceuta y Melilla «no permite un control judicial efectivo y ágil», pues a menudo la resolución del recurso contra la devolución «tarda años». Las críticas no son sólo a los jueces, también al Ministerio Público. El Defensor del Pueblo pide a la Fiscalía General del Estado que dicte una instrucción urgente para que los fiscales «se impliquen en la tramitación de las solicitudes de internamiento». «Hasta ahora -denuncia el informe- todo lo que se hace es que el juez ve al extranjero, pero la mayoría de las veces el abogado no puede dirigirse al juez y el fiscal no suele estar presente». El Defensor del Pueblo mantiene que el internamiento debe acordarse en una vista oral, con participación del fiscal y del letrado y en la que «se puedan aportar pruebas y testimonios», un trámite que en la actualidad es meramente administrativo.