Zapatero acusa el golpe y achaca su bajada?en las?encuestas?al?Estatuto De vuelta al cajón

José Luis Rodríguez Zapatero acusó el golpe del último barómetro del Centro de Investigaciones Sociológicas, en el que los ciudadanos le suspenden por primera vez desde que ganó las elecciones. Este sábado, al término de la XXI Cumbre Hispano-Lusa, el presidente del Gobierno achacó el descenso a la reforma del Estatuto de Cataluña y pidió tiempo para acometer unos cambios que, a su juicio, son necesarios para mejorar el encaje del Estado. En su primera comparecencia pública desde que el pasado jueves el CIS apuntó el retroceso del PSOE en intención de voto, el jefe del Ejecutivo encajó los datos como un serio aviso a su política territorial, y en concreto a la propuesta de reforma del Estatuto de Cataluña que el Congreso de los Diputados ya ha empezado a debatir. Aunque rechazó convertirse en un comentarista de sondeos, reconoció ser «sensible» a las críticas e interpretó que la inquietud expresada en esos estudios es «razonable» y se debe a «las reformas territoriales». Por ello, pidió comprensión y paciencia a los ciudadanos, convencido de que el resultado del proceso de reforma del Estatuto de Cataluña será positivo porque servirá para que España tenga una «mayor cohesión territorial» y para que el Estado funcione mejor. Cambio de actitud En Évora, el presidente del Gobierno se mostró poco sonriente y se defendió de las críticas del Partido Popular pasando a la ofensiva. Así, afeó a la formación de Mariano Rajoy que haya iniciado su particular campaña electoral con más de dos años de anticipación mientras que el Ejecutivo respeta los tiempos de la democracia y se dedica a trabajar. «Cuando haya que disputar en tiempo electoral, disputaremos. Ahora tenemos que trabajar para conseguir más logros», apuntó. Zapatero dejó entrever un cierto sentimiento de injusticia por el resultado del CIS, puesto que está convencido de que estamos en un tiempo «de logros económicos y sociales» dado que España crece más que la media europea, crea más empleo que sus socios comunitarios y está aumentando los recursos para las pensiones o la sanidad. En esa encuesta, sin embargo, los ciudadanos perciben que la situación general es mucho peor. En el Gobierno y en el Partido Socialista existe inquietud por las últimas encuestas, aunque creen que los resultados que ahora arrojan están contaminados por el debate estatutario y confían en que, si como esperan todo les sale bien, el perjudicado será el PP, que ha puesto en marcha una estrategia que depende al 100% del fracaso de la negociación en el Congreso. Como asegura un destacado dirigente del PSOE, «a nosotros no nos importa ir mal ahora en las encuestas porque el que ríe el último ríe dos veces». El Ejecutivo es ahora consciente de que tiene que mejorar la explicación de sus políticas y cerrar los frentes que tiene abiertos con diferentes colectivos. Zapatero pareció optar por la contraofensiva, se expresó de forma más contundente y arremetió por primera vez contra la labor de algunos medios de comunicación con duras palabras sobre las informaciones publicadas de la opa de Gas Natural sobre Endesa. La última esperanza del Gobierno de pactar reformas con el PP se desvaneció esta semana con el rechazo popular a convertir el Senado en cámara territorial. Imposible resucitar el consenso. Ante este panorama, el Ejecutivo optó por congelar los proyectos en los que es conveniente o necesario el apoyo del partido opositor. Los asuntos que volverán al cajón no son cosa menor: la reforma constitucional, la financiación autonómica y la transformación de la cámara alta. Sólo se salvarán de la quema, si es que las relaciones no se tensan más, algunas modificaciones estatutarias. El Gobierno veía venir el naufragio de sus planes reformistas. La ruptura de algunos consensos antaño básicos -el antiterrorista, el militar o el de política exterior- hacía prever que no iban a correr mejor suerte las «joyas de la corona» de los proyectos de Rodríguez Zapatero. La sensación gubernamental ante este bloqueo es agridulce. Por una parte, evidencia un aislamiento del PP que, a juicio de La Moncloa, juega a favor de las expectativas electorales socialistas. Pero por otra, destruye importantes objetivos trazados por el presidente del Gobierno al inicio de la legislatura. El concurso del partido opositor es ineludible para la reforma de la Constitución ya que su aprobación requiere el voto favorable de tres quintos del Congreso y del Senado, un listón sólo alcanzable con la complicidad del Partido Popular. Cambiar la financiación autonómica sin la participación del partido que gobierna en la mitad de las comunidades es impensable. La conversión del Senado en cámara territorial necesita una modificación constitucional que tampoco se puede acometer en ausencia del PP. Estrategia del PP La lectura gubernamental de la estrategia opositora del PP es que está dirigido por una generación de políticos, Mariano Rajoy, Ángel Acebes y Eduardo Zaplana, que ve en las elecciones generales del 2008 su «última oportunidad» y que en estos dos años va a lanzar todos los órdagos posibles. Los pactos con el Gobierno, afirman las fuentes socialistas consultadas, son entendidos en las filas populares como «fracasos» porque consideran que el que «rentabiliza» esos acuerdos es el partido gubernamental. La oferta del Partido Popular de «pactar todo o nada», recuerdan en La Moncloa, hubiera atado de pies y manos a Rodríguez Zapatero, y hubiera colocado al jefe del Gobierno ante una disyuntiva imposible ya que tiene compromisos con sus socios parlamentarios que imposibilitan el acercamiento al partido opositor en determinados temas, sobre todo en el ámbito de los derechos. Este vínculo, sin embargo, no debería ser impedimento para un entendimiento de los dos grandes partidos en las reformas de Estado.