Los procesados por urdir la red de apoyo a ETA niegan pertenecer a la banda

El primer y único acusado que prestó declaración ayer en la primera jornada del juicio abierto por la Audiencia Nacional contra las organizaciones del entorno de ETA negó de forma rotunda pertenecer a la banda o haber mantenido relación alguna con la organización terrorista. El procesado rechazó contestar a las preguntas del fiscal Enrique Molina, del tribunal y de la acusación particular -la Asociación de Víctimas del Terrorismo (AVT)- porque considera que el proceso sólo es «un juicio político» contra la izquierda aberzale. Vicente Askasibar, el supuesto jefe de finanzas de KAS en Vizcaya hasta 1997, fue el primero de los 56 procesados en prestar declaración y dejó claro, desde el comienzo, que sólo pensaba contestar a las preguntas de los letrados de la defensa. Reconoció haber ayudado a KAS -el presunto aparato político de ETA- con las cuentas de su estructura en Vizcaya, pero negó haber pertenecido o tenido relación alguna con la banda, rechazó por «impensable» que KAS controlase las cuentas de HB, Gestoras Pro-Amnistía o Jarrai, dijo no tener noticia alguna de que la coordinadora trabajase a las órdenes de la organización terrorista y de que ésta tuviese un entramado de empresas para financiarse y capitalizar a la izquierda aberzale. Es posible que el resto de los encausados también niegue en próximas sesiones su pertenencia o relación con ETA y que tampoco conteste a las preguntas del fiscal y del abogado de la AVT. Los dos acusadores, no obstante, leyeron ante el tribunal las decenas de preguntas que tenían previsto realizar a los procesados, para que consten en el acta. 927 años de cárcel La primera sesión del juicio se abrió sobre las 10.30 horas con la lectura, por parte de la secretaria del tribunal, del escrito de acusación del fiscal, que considera que los 56 imputados pertenecen a ETA y que desde la década de los ochenta han dirigido el frente político y social de la banda. Molina solicita una condena conjunta de 927 años de cárcel contra los presuntos responsables de KAS, de su sucesor EKIN, del diario y la radio Egin -la posible rama mediática-, de Xaki -el presunto aparato de relaciones internacionales- y de la Fundación Josemi Zumalabe, dedicada al control de los movimientos sociales (ecologismo, feminismo, euskera, desobediencia civil, DNI vasco...). El escrito acusador indica que estas organizaciones, a las órdenes de ETA, permitieron a la banda terrorista desarrollar su programa político y social y sus objetivos en el seno de la sociedad vasca, así como buscar vías de financiación y de blanqueo de capitales. La mayor parte de los procesados se enfrenta a penas de 10 a 15 años de prisión por colaboración o pertenencia a ETA, aunque seis de ellos suman a estos delitos otros de fraude a la Seguridad Social y a Hacienda, insolvencia y falsedad contable, que les exponen a penas de entre 48 y 51 años de cárcel para cada uno. Los seis están vinculados a la dirección de EKIN y a la editora de Egin y el fiscal les reclama de forma solidaria el pago de los 7,6 millones de euros que la empresa editorial presuntamente defraudó entre 1993 y 1998 al Estado.