Un macrojuicio en el punto de mira

El ministro de Interior, José Antonio Alonso, se mostró convencido de que los jueces del proceso a 56 presuntos miembros de organizaciones del entorno de ETA «van a desarrollar su trabajo con toda la racionalidad del mundo y aislados de cualquier ruido ambiental. Aseguró además que los acusados «tendrá todas las garantías legales» y el tribunal dictará una sentencia «razonable» en la que «primarán la profesionalidad e imparcialidad» de los magistrados. Alonso, que firmó en Sevilla un convenio para la construcción de varias nuevas comisarías, expresó además su «pleno respeto» a la independencia del tribunal, un rasgo que, recordó, «caracteriza a cualquier estado de derecho democrático». El ministro lamentó las tensas relaciones entre PSOE y PP en materia antiterrorista, una situación de la que responsabilizó al partido opositor porque «ha hecho de la crispación una auténtica estrategia de acoso al Gobierno». Esa falta de sintonía, agregó, «no es buena para la lucha antiterrorismo en un estado democrático». El secretario general del PP, Ángel Acebes, apuntó, a su vez, que el juicio que comenzó este lunes es un acontecimiento «histórico» porque sienta en el banquillo de los acusados «al entramado» de apoyo a ETA y sin el que la organización terrorista no sería «una de las más fuertes» de Europa. El dirigente opositor mostró su «gran confianza» en la Audiencia Nacional y confió en que «los mensajes del Gobierno» sobre un cambio en la situación de ETA y las posibilidades de entablar un diálogo si abandonan la violencia «no influirán» en la decisión de los jueces. Ni el PNV, ni Eusko Alkartasuna ni Ezker Batua enviaron representantes a Madrid, a pesar de que los tres partidos que sustentan el Gobierno vasco habían anunciado su apoyo a los acusados. Los procesados del caso Ekin llegaron al pabellón de la Casa de Campo que hace las veces de sala de vistas de la Audiencia Nacional arropados sólo por representantes de la izquierda radical vasca.