Los responsables de las empresas juzgados por su relación con ETA niegan haber financiado a la banda

Los seis procesados que declararon ayer en la segunda sesión del «macrojuicio» a 56 presuntos miembros de organizaciones del entorno de ETA negaron que sus empresas financiaran a la banda y coincidieron en decir que «no había dinero» para este fin porque tenían pérdidas o beneficios muy escasos. La segunda sesión de la vista que se celebra en la Audiencia Nacional estuvo también protagonizada por la presidenta del tribunal, Angela Murillo, quien en varias ocasiones impidió a los acusados explicar las razones de su negativa a responder al fiscal, ante el temor de que se extendieran en alegatos sobre el supuesto carácter político del proceso. «Las causas no importan», advirtió Murillo cuando tanto el ex administrador único de la mayorista de viajes Ganeko, José Luis García de Mijangos como el supuesto liberado de KAS en la coordinadora de alfabetización y euskaldunización AEK Iker Beristain intentaron exponer los motivos de su decisión. Las defensas de los procesados protestaron por la actuación de la magistrada, que calificaron de «incomprensible», e insistieron en que la Constitución «permite» a sus representados explicar su postura. La estrategia de los procesados de no contestar al fiscal hizo que los interrogatorios, en los que sólo pregunta la defensa, se centraran en las actividades legales de los encausados, tocando muy de pasada las acusaciones concretas que pesan sobre ellos. Así, los acusados niegan su relación con ETA en respuesta a preguntas genéricas sobre si han pertenecido o colaborado con la banda terrorista o con organizaciones de su entorno como KAS, sin aportar más detalles. Según el fiscal, tanto García de Mijangos e Inmaculada Berriozabal a través de la mayorista de viajes Ganeko, como José Antonio Díaz Urrutia, Juan Pablo Diéguez y Segundo Ibarra a través de Gadusmar, dedicada a la comercialización de bacalao, e Iker Beristain a través de AEK, contribuyeron a la financiación de ETA. Los cinco primeros negaron que esto fuese así porque, según dijeron, tanto Ganeko como Gadusmar tenían pérdidas y «ni siquiera» tenían dinero para sacar adelante las empresas. Antes, José Antonio Díaz Urrutia había negado ser el gestor de cuentas de KAS tal y como recoge el fiscal en su escrito de conclusiones provisionales, en el que afirma que se encargaba de realizar pagos a los liberados de esta organización, y sólo admitió tener relación con el sindicato LAB. Juan Pablo Diéguez también negó su vinculación de ETA y aseguró que no se desvió dinero para la banda desde la empresa.