UGT y Amnistía Internacional critican a la Junta por discriminar a colectivos

«Hay que concienciar a la sociedad de que hay que terminar con esta lacra de violencia hacia mujeres y hacia niñas», aseguró el secretario general provincial de UGT en León, Arturo Fernández Rodríguez, durante la lectura de un manifiesto con motivo del Día Internacional para la Eliminación de la Violencia de Género que se celebra hoy en todo el mundo. Mercedes Rodríguez, miembro del departamento de Igualdad, hizo un llamamiento a la Administración autonómica: «La Junta debe asumir su responsabilidad y coordinar eficazmente los programas». Señaló que existen deficiencias en la normativa relativas al pago de ayudas a las víctimas, o en las que se garantiza el acceso prioritario a una vivienda protegida. Explicó la necesidad de favorecer el acceso a los centros y programas existentes para conseguir «la reparación» de las víctimas y denunció que las mujeres inmigrantes sufrían «una doble y triple» discriminación por los prejuicios sexistas y xenófobos, razones por las que han editado un folleto que aborda estas cuestiones. El sindicato insistió en que hay que coordinar eficazmente a todas las administraciones y entidades responsables de implementar las actuaciones y programas de asistencia para que las víctimas puedan acceder a los mismos servicios y ayudas que en el resto de las comunidades autónomas. Pocos centros de acogida Cristina Egido, portavoz de Amnistía Internacional en León reiteró que la Junta de Castilla y León «no protege adecuadamente» a todas las mujeres que sufren violencia de género, tras realizar un minucioso estudio basado en documentos legales del gobierno autónomo. «Existe una dificultad real para las mujeres inmigrantes indocumentadas, las del ámbito rural, las drogodependientes o las portadoras del VIH». La Oenegé exigió a la Junta que el nuevo plan contra la violencia tenga un enfoque, «integral» y la vincule con la discriminación por razón de género. Solicitan mayor participación de las organizaciones de mujeres a la hora de decidir medidas y denuncian la falta de centros de acogida, ya que sólo hay 23 en la comunidad. Ampara Díez , miembro de Adavas, adujo que los recursos están «deslavazados y no llegan nunca a donde tienen que llegar, la descoordinación es total».