Las autonomías frenan sus reformas hasta conocer el desenlace del Estatut

El buen ritmo que llevaban algunas reformas estatutarias ha sufrido un frenazo. Ha llegado el momento de «esperar y ver» que sucede con el proyecto aprobado por el Parlamento de Cataluña que se tramita en el Congreso. Las comunidades quieren conocer hasta donde está dispuesto a llegar el Gobierno en la cesión de nuevas competencias a la Generalitat y, sobre todo, en la financiación autonómica para trasladar después lo conseguido por Cataluña a sus textos. La anunciada llegada en aluvión al Congreso de estatutos reformados tendrá que esperar. Las comunidades con trabajos más avanzados, Andalucía, Baleares, Aragón y Canarias, han metido los proyectos en el congelador hasta ver qué pasa con el Estatuto de Cataluña. «Es lógico», se afirma desde la ejecutiva del PSOE. «Es natural porque nadie quiere ser menos que otro», manifiestan en la dirección del PP. Dos líderes territoriales del partido opositor, los presidentes de Murcia y La Rioja, anunciaron en el reciente debate sobre el Estado de las Autonomías que no aceptarán estar un peldaño por debajo de Cataluña. Los gobiernos autonómicos y los partidos, en especial el PP, quieren saber si el Ejecutivo de Rodríguez Zapatero cederá a las pretensiones de financiación contempladas en el proyecto catalán. El mismo modelo De ser así, comunidades ricas, como Baleares y Madrid han anticipado que exigirán el mismo modelo. El traspaso competencial es también objeto de un interés especial y nadie quiere cerrar sus reformas sin conocer el techo que acepta el Gobierno. El banco de pruebas para ambos apartados es el Estatuto de Cataluña por ser más ambicioso que el de la Comunidad Valenciana, que, pese a ser el primero que se va a tramitar, no es una referencia para el resto de las autonomías. En el Parlamento de Andalucía, los populares son los que tienen menos prisa por concluir la reforma y de aquel optimista anuncio de un acuerdo «al 90%» hecho en junio por el líder del PP en la comunidad, Javier Arenas, sólo queda el recuerdo. El portavoz de este partido, Antonio Sanz, solicitó semanas atrás la paralización de las negociaciones hasta que acabe la tramitación del proyecto catalán en el Congreso. La renuencia del PP es un serio impedimento, ya que si bien el apoyo de sus 37 diputados no es, en términos aritméticos, imprescindible para aprobar el proyecto de reforma, sí lo es desde el punto de vista político.