León puede dejar de recibir 430 millones del próximo periodo de ayudas de la UE

La provincia de León dejará de ingresar en el próximo periodo de ayudas de la Unión Europea, entre el 2007 y el 2013, alrededor de 430 millones de euros, según los cálculos que se barajan estos días, tras la contestada propuesta de la presidencia británica sobre las ayudas que la Europa unida presta a sus socios menos desarrollados en su objetivo de cohesión y convergencia. Es, en todo caso, una cifra aproximada, porque en lo que sí hay acuerdo es en que es muy difícil cuantificar a ciencia cierta qué volumen exacto de ayudas recibe cada región (a la que llegan fondos a través de proyectos individuales, líneas de ayuda regionales, programas estatales y cooperaciones transfronterizas). Fuentes estadísticas de la Junta de Castilla y León calculan que a la provincia le han llegado en este último periodo presupuestario (entre el 2000 y el 2006) alrededor de 600 millones de euros, y que León recibe aproximadamente un 11% de los fondos que la autonomía reparte en proyectos provinciales. En cualquier caso, la pérdida de fondos europeos no se debe tanto al recorte de ayudas planteado por la presidencia británica como a la nueva situación de la comunidad autónoma y de la Unión Europea. La Europa de los 25 ha visto cómo la riqueza media de sus ciudadanos se desplomaba con el ingreso el año pasado de diez nuevos miembros cargados de necesidades que la Europa de los 15 tenía prácticamente controladas. Las cuentas de la nueva UE produjeron un «efecto estadístico»: muchas regiones que recibían ayudas porque su renta era sensiblemente más baja que la del conjunto de la Unión (menos del 75% para acceder a las subvenciones del Objetivo 1) forman parte ahora de la Europa rica, y tienen que ceder estas ayudas a los países recién incorporados. En el caso de Castilla y León el abandono de las ayudas a las regiones más pobres no se hubiera debido al efecto estadístico, sino al propio desarrollo de la comunidad. De hecho, cuando se aprobó el periodo de ayudas actualmente en vigor el conjunto de las nueve provincias ya superaban el límite de renta, sólo que el retraso en la contabilidad estadística de la Unión Europea les permitió «colarse» en el grupo que más se ha beneficiado de los programas de desarrollo planificados hasta finales del próximo año. Es decir, Castilla y León ha recibido en los últimos cinco años, y seguirá percibiendo en el 2006, un «regalo» europeo en forma de más que sustanciosas ayudas. Ahora bien, la comunidad contaba con que en los siguientes siete años se la englobara en un sistema de ayudas que hasta ahora era conocido como el «phasing out», un paso intermedio entre el cobro de grandes subvenciones y la independencia a la hora de gestionar y financiar el propio desarrollo. El ingreso de nuevos miembros y las modificaciones que en el 2004 llevó a cabo la UE en su sistema de ayudas puso en peligro esta fase de desaceleración de la tutela europea, y desde el 2002 la Junta lleva a cabo una campaña de concienciación en Bruselas, en cooperación con otras regiones que se encuentran en la misma situación, para advertir del peligro que podría suponer para ellas dejar de contar de repente con la financiación europea. Es el temido «efecto ascensor», un posible retroceso en el crecimiento económico de las regiones que dejan de contar con ayuda del fondo europeo. De recibir a contribuir La abultada pérdida de financiación que puede sufrir la provincia en los próximos siete años, a partir del 2007, se debe, pues, a varios factores. Y sólo una parte dependerá del reparto que finalmente se decida para el próximo periodo presupuestario, porque hay dos evidencias inalterables: Castilla y León dejará de ser región Objetivo 1, lo que le privará de la mayor parte de los fondos de que disfruta ahora; y además España pasará en estos años de ser el mayor receptor de ayudas de la UE a un socio que aporte fondos. Por primera vez desde su integración, el saldo de España con la Unión acabará siendo negativo. Una de las cuestiones que el presidente del Gobierno, José Luis Rodríguez Zapatero, pretende negociar en la reunión que hoy mantendrá con el primer ministro británico, Tony Blair, y que deberá defender en las próximas semanas, es, precisamente, cuándo pasará España de ser socio receptor a aportar fondos al desarrollo común. La actual presidencia pretende que esta situación se produzca en el 2010, pero el presidente español confía en retrasar la situación hasta el final del periodo de ayudas, en el 2013. La propuesta británica supondría para España recibir en el nuevo periodo presupuestario mil millones de euros menos de los previstos en la primera propuesta europea, que calculaba una aportación aproximada de 5.400 millones de euros y que ya había sido rechazada por el Gobierno español, según los cálculos del ministro de Economía, Pedro Solbes. La tercera que más pierde Según los cálculos realizados en los últimos días por los expertos, el recorte de fondos estructurales propuesto por la presidencia británica supondría invertir 25.000 millones de euros menos de los previstos en la última propuesta, y establecer un techo del gasto en 846.754 millones. El cálculo de la pérdida de fondos estructurales en las autonomías españolas entre el 2007 y el 2013, según la última propuesta, colocaría a Castilla y León como la tercera comunidad que más pierde, detrás de Andalucía y la Comunidad Valenciana. La autonomía perdería 3.948 millones de euros, en parte por la propuesta y en parte por estar en el grupo de las regiones que salen de los objetivos prioritarios de ayuda por su crecimiento natural. Son fondos que se han destinado, desde 1994, a financiar carreteras, saneamientos, restauración de patrimonio, regadíos, formación, empleo, urbanismo,... Doce años que han impulsado la convergencia, un Marco de Apoyo Comunitario que sólo desde el 2000 ha destinado a Castilla y León casi 5.000 millones de euros que han contribuido de manera decisiva a su despegue económico y social. Ahora la comunidad debe afrontar la evidencia de que en el futuro depende de sus fuerzas, aunque lógicamente tratará de arañar todos los fondos posibles en el sustancioso pastel que se repartirá a partir del 2007. Un tiempo en el que España en su conjunto intentará retrasar su participación en la Unión Europea como socio contribuyente, en lugar de como preceptor de fondos. Lo cierto es que tras la última ampliación la población objetivo de convergencia de la UE ha pasado de 84 a 123 millones de personas; y la diferencia de desarrollo entre las regiones se ha duplicado. Tras la ampliación casi el 50% de la población está en zonas subvencionables como Objetivo 1 ó 2; y alguna de las regiones ni siquiera alcanzan el 30% de la renta media en la nueva Europa unida. Aun en este panorama, Castilla y León insiste ante las instancias europeas en que debe seguir siendo objeto de ayuda. Los argumentos se centran en que la región sigue teniendo problemas que condicionan su capacidad de desarrollo, entre ellas la despoblación y el envejecimiento; que se unen a la dispersión en una región muy grande. Un perfil de zona periférica al que no le sirve el reconocimiento que la UE manifestó hacia la adecuada gestión que han tenido los fondos europeos en Castilla y León. El crecimiento económico de Castilla y León y la Europa de los 25 colocan a la provincia en una difícil situación para seguir recibiendo un volumen abultado de ayudas europeas