El Gobierno recuerda a la máxima autoridad judicial que es cargo político

El Gobierno recordó al presidente del Consejo General del Poder Judicial que tiene «la obligación» de comparecer ante el Congreso cuando sea requerido. La vicepresidenta primera respondió de esta forma a Francisco Hernando, quien sostuvo en la Comisión de Justicia de la cámara que el Legislativo no puede «controlar» al Judicial porque es un poder independiente. María Teresa Fernández de la Vega afirmó que ese tipo de consideraciones son propias de quien «confunde» la actividad jurisdiccional de los jueces, que es «sagrada» y en la que nadie puede entrometerse, con la «política judicial», de la que se deben rendir cuentas en el Parlamento. La portavoz gubernamental señaló tras la reunión del Consejo de Ministros que el Consejo General del Poder Judicial es un «órgano político que gobierna» la carrera judicial, y como todo órgano de gobierno toma «decisiones políticas» y, en consecuencia, está sujeto al control del Congreso. La vicepresidenta señaló que esta obligación alcanza también a los vocales del Consejo porque su cargo también es de «naturaleza política». Los integrantes del órgano de gobierno de los jueces y magistrados son elegidos en su gran mayoría por los grupos políticos en el Congreso y el Senado. Tormentosa comparacencia Francisco Hernando protagonizó el pasado miércoles una tormentosa comparecencia ante la Comisión de Justicia del Congreso, en la que, de entrada, leyó durante tres horas ininterrumpidas la memoria anula del Consejo, a continuación, arremetió contra el Ministerio de Justicia, al que acusó de vaciar de competencias a su organismo, y acabó por acusar a los socialistas de tratar de controlar la institución que preside. Fernández de la Vega insistió en que la máxima autoridad del Poder Judicial tiene la obligación legal de comparecer ante el Congreso para «informar» de su gestión y de las decisiones adoptadas. Esta información, agregó, «facilita el control», que es uno de los pilares de la democracia. La vicepresidenta primera trató además de adelantarse a las previsibles críticas del sector conservador, y mayoritario, del Consejo por el proyecto de ley aprobado por el Consejo de Ministros que convierte a los tribunales superiores de justicia en la última instancia de sus territorios. Con anterioridad, vocales de este sector y los principales dirigentes del PP acusaron al Gobierno de fomentar con esta medida la creación de 17 sistemas judiciales. Fernández de la Vega sostuvo que «en ningún caso» se puede hacer esa afirmación y quien «diga lo contrario, no se ha leído la ley». La portavoz explicó que el proyecto busca liberar al Tribunal Supremo de asuntos que no son de casación, que es la función que le atribuye la Constitución, y esa acumulación de trabajo ha llevado a la saturación de las diferentes salas. «Lo que hay es un desarrollo del modelo constitucional», precisó porque el Tribunal Supremo será la instancia de casación, «que es extraordinaria», y las instancias «ordinarias» quedarán para los tribunales superiores. Garantía ciudadana Fernández de la Vega aseguró que el hecho de que los tribunales superiores sean la última instancia en su territorio no va a significar que haya diferentes justicias. «Los ciudadanos van a tener las garantías -dijo- de que una sentencia dictada en un territorio que sea contraria a la dictada en otro» se unificará por el Tribunal Supremo. La vicepresidenta indicó que lo que se ha hecho es «redistribución» de tareas para que «las cosas» de la justicia funcionen «mejor, con más eficacia, más garantías y con más cumplimiento del modelo constitucional».