El Gobierno aprobará esta semana el anteproyecto de la Ley de Dependencia

El Gobierno pondrá este viernes la primera piedra de su «gran medida social de la legislatura» con la aprobación en Consejo de Ministros del anteproyecto de Ley de la Dependencia, que enviará al Parlamento para su tramitación. La norma que los socialista tildan como base del «cuarto pilar» del Estado de Bienestar afecta especialmente a la tercera edad en uno de los países con mayor proporción de ancianos del mundo. En España unas 2,8 millones de personas precisan de terceros para su actividad cotidiana, sobre todo discapacitados y personas mayores. De esta cantidad, más de un millón tienen una dependencia severa de otras personas. El objetivo es que en esta legislatura se cubra con dinero público la atención a estas últimas. Zapatero presentó la Ley de Dependencia como un «paso histórico con el que veremos que España se preocupa de sus mayores y de las personas discapacitadas». El presidente del Gobierno explicó que esta norma contemplará, además, la creación de un Sistema Nacional de Dependencia que «creará puestos de trabajo y ofrecerá a nuestros jóvenes la posibilidad de trabajar cuidando a sus mayores». La últimas estimaciones hablaban de no menos de 300.000 empleos. El Sistema Nacional tendrá un carácter universal, alcanzará a todos los ciudadanos al margen de su capacidad económica, será de titularidad pública aunque cabrá la concertación con la iniciativa privada, e incluirá fórmulas de co-pago del usuario en función de su nivel de recursos, según incluyó el Libro Blanco de la ley que entregó en enero pasado el ministro de Trabajo, Jesús Caldera, en el Congreso. En la actualidad, sólo el 6,5% de los dependientes españoles se beneficia de la atención pública; el resto se la ha de costear por su cuenta, bien porque pagan residencias, ayuda y servicios privados, bien porque el cuidado lo asume íntegramente la familia.