El PP intuye que el pacto del Estatut está muy próximo y quiere sumarse

El PP sospecha que está cerca el acuerdo entre el PSOE y los nacionalistas de CiU y ERC para limpiar el nuevo estatuto catalán y dejarlo como una patena. Los populares suscriben los recortes que quieren aplicar los socialistas a la propuesta que se tramita en el Congreso y se preparan para participar en su debate con enmiendas iguales a las del texto alternativo del Gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero. El Grupo Popular ha elaborado distintas estrategias para abordar el debate parlamentario que se abre estos días en las Cortes cuando se cierre el plazo de presentación de enmiendas. La perentoria necesidad de sumarse a la discusión parlamentaria del texto estatutario catalán, en coincidencia con los socialistas, se produce en el momento de mayor crispación en las relaciones entre el PP y el PSOE. Rajoy acaba de llamar «bobo» al presidente del Gobierno después de que éste le criticara por su «patriotismo de hojalata». Sin embargo, con enmiendas similares en la comisión constitucional, ambos partidos tendrán que coincidir, necesariamente, en muchas votaciones. El Grupo Popular tendrá que saber rentabilizar políticamente el viraje del Gobierno en el estatuto catalán para justificar también su radical cambio de posición. Tampoco podrá aparecer muy identificado con el PSOE porque corre el riesgo de incrementar así las exigencias de los nacionalistas de ERC, que no querrán participar en un pacto con el PP. Y los populares quieren hacer todo ello compatible con el mantenimiento de una oposición radical al Ejecutivo socialista, fundamentalmente basada en buscar el desgaste de su líder. No es de extrañar, por lo tanto, que en la calle Génova (sede del PP) se califique de «enormemente sofisticada» la estrategia parlamentaria que se ha diseñado para que el partido esté presente en la tramitación del estatuto sin caer en la complicidad con un proceso que tanto han criticado. Mientras, José Luis Rodríguez Zapatero lanzó ayer un aviso a los socios del tripartito catalán y a CiU: la propuesta de financiación del Gobierno para Cataluña es «irrenunciable». El jefe del Ejecutivo sólo admitió la posibilidad de introducir cambios en la cesión de impuestos y en los mecanismos de solidaridad, pero en absoluto en la recaudación y gestión de los tributos estatales, que seguirá a cargo de la Agencia Tributaria central. El presidente del Gobierno rechazó de esta manera el aspecto central de la propuesta de financiación aprobada por el Parlamento de Cataluña. Rodríguez Zapatero se pronunció ayer por primera vez acerca de las negociaciones sobre la financiación de Cataluña entre el Gobierno y los partidos catalanes, y lo hizo para dar un espaldarazo a su vicepresidente segundo, autor de la propuesta gubernamental y muy atacado por los partidos catalanes, que pidieron al presidente del Gobierno que metiera en cintura a Pedro Solbes y presentara otro documento. El texto que se ha puesto sobre la mesa, dijo el jefe del Ejecutivo durante la recepción navideña en el palacio de La Moncloa, no se va a alterar en nada sustancial. El presidente, muy optimista A pesar de esta advertencia y de las consecuencias que tendrá en la sensibilidad de las fuerzas catalanas, se mostró «optimista» sobre las posibilidades de llegar a un acuerdo antes de fin de año. No quiso, sin embargo, pillarse los dedos con la reunión convocada el 27 de diciembre para pactar las enmiendas porque es una fecha «de referencia» y, si en esa cita no se cierra el acuerdo final, se podrá hacer en los días posteriores o incluso en enero, aunque mostró sus preferencias por hacerlo antes del 31 de diciembre. «La sociedad catalana quiere estatuto, y cuando una sociedad quiere algo, las cosas acaban fluyendo», comentó. Rodríguez Zapatero fue rotundo al afirmar que «el Estado recaudará sus impuestos en todas las autonomías, incluida Cataluña», un comentario que golpea en la línea de flotación del proyecto catalán, que parte de la base de que una agencia tributaria propia recaudará y gestionará todos los tributos que se paguen en esa comunidad. Indicó que un aspecto susceptible de revisión es el mecanismo de solidaridad de Cataluña con el resto de España. El porcentaje, precisó, quedará fuera de la reforma estatutaria y será fijado por el Consejo de Política Fiscal y Financiera, ya que un estatuto no puede fijar la cantidad que aporta una comunidad a las demás sino que debe acordarse en un foro multilateral. El presidente anunció que la reforma del sistema de financiación general se hará en paralelo con la reforma fiscal para evitar desfases. Indicó que encarar ambas iniciativas tiene «su dificultad», pero consideró que es conveniente para que no pase lo que ocurrió durante el anterior gobierno, que incrementó el tramo de IRPF cedido del 15 al 30%, pero después hubo una bajada del impuesto sobre la renta que se tradujo en menores ingresos para algunas autonomías porque la recaudación bajó. Otro de los aspectos polémicos del proyecto es la definición de Cataluña como nación, un extremo, apuntó el jefe del Ejecutivo, que se quedará para «el final» de la negociación aunque no figurará el término nación. «La sociedad catalana quiere estatuto, y cuando una sociedad quiere algo, las cosas acaban fluyendo» RODRÍGUEZ ZAPATERO Presidente del Govbierno