«Saldaremos una deuda histórica con las familias que hacen esta labor callada»

La leonesa Amparo Valcarce es una de las artífices de la ley de autonomía personal y de la dependencia, que el Gobierno promete poner en marcha el 1 de enero del 2007. Para ello, la ley tiene que debatirse, ser aprobada y publicada en el BOE en junio de este año, como máximo. Durante el segundo semestre se prevé el desarrollo reglamentario, que definirá el baremo para la valoración de los distintos grados y niveles de dependencia. La ley dignificará y profesionalizará, según Valcarce, los trabajos relacionados con los cuidados, además de crear unos 300.000 puestos de trabajo en ocho años. Ella se siente afortunada, antes que orgullosa, de participar en la implantación de lo que denomina el «cuarto pilar» del bienestar después de la educación, la salud y el sistema de pensiones. -¿Qué impacto tendrá en los servicios sociales la ley? -Va a configurar un sistema al mismo nivel que educación y sanidad, lo que supone que se tienen que reforzar no sólo los equipos de valoración sino también los servicios sociales porque una vez que la persona ya tiene la acreditación como dependiente se le hará el plan individual de atención. Son los servicios sociales los que determinan si la persona va a necesitar ayuda a domicilio, centro de día, residencia... y, sobre todo, evaluarán si la persona puede ser atendida en su medio familiar. La ley prevé que la persona dependiente elija ser cuidada por su familia, que recibirá una compensación económica y su cuidador alta en la Seguridad Social, o por profesionales. -¿Con esta paga se pretende que las personas que trabajan dejen su empleo para cuidar al familiar o es otro el objetivo? -El objetivo no es ese ni muchísimo menos. Todo lo contrario, se pretende que las familias, que hasta ahora han cuidado en solitario a sus personas dependientes, reciban una compensación. Esto supone saldar una deuda histórica con las ellas y, sobre todo, con las mujeres que realizan esta labor callada, un trabajo invisible y no remunerado. Porque el 83% de los cuidadores familiares son mujeres con más de 50 años de edad de media. La mayoría no tienen cualificación profesional y no han podido trabajar. Ahora es el momento de reconocer esa labor que han realizado, darles de alta en la Seguridad Social y que reciban una compensación económica. Puede suceder que algunas familias elijan voluntariamente esta modalidad, pero el objetivo fundamental es un sistema basado en los servicios públicos y profesionalizado. -Los servicios sociales van a tener que ganar en agilidad para atender a personas que llegan a la dependencia por una enfermedad terminal. -La ley prevé algo fundamental como la coordinación sociosanitaria. Los enfermos crónicos, enfermos terminales, de larga duración agravada en sus dolencias están afectados por una parte que es social y otra sanitaria. La coordinación sociosanitaria es imprescindible para que puedan recibir toda la atención que necesitan. -¿Los servicios va a ser gratuitos como la salud y la educación? -No, tampoco ahora es gratuita y no lo es ningún país de nuestro entorno europeo. Estos servicios tienen una parte de coparticipación de los beneficiarios. En la ley queda claro que ninguna persona por falta de recursos económicos va a quedar sin atender. Las personas van a aportar al sistema en función de su capacidad económica. -¿Cómo se va a financiar ? -A través de los presupuestos generales del Estado. -Quieren que las comunidades autónomas aporten el 50% de la financiación. ¿Cree que se puede alcanzar un acuerdo? -Está prevista la cofinanciación entre las comunidades autónomas y el Estado. Estoy absolutamente convencida de que habrá acuerdo, porque este es un proyecto de país y un proyecto compartido. -El PP acusa de poco concreto el proyecto y de que algunas comunidades autónomas van por muy por delante de la ley. -Es muy desgraciado que el primer partido de la oposición haga valoraciones sin fundamento. El valor añadido de esta ley es que garantiza un derecho igual para todos los ciudadanos independientemente de donde residan y un católogo básico de servicios. Es cierto, Castilla-La Mancha tiene un amplio catálogo de servicios en marcha, como Navarra o Asturias, pero no es igual en todas las comunidades. Hay grandes diferencias y lo que es muy importante, este derecho no está garantizado para todos los ciudadanos porque no está reconocido como derecho universal. El acceso a las prestaciones y servicios tiene el carácter de basarse en la igualdad y la garantía pública de las prestaciones y servicios. Sólo le hago una pregunta a los desinformados portavoces del Partido Popular: en qué comunidad autónoma los cuidadores familiares tienen una compensación económica con alta en la Seguridad Social, por ejemplo.