Diario de León

El Gobierno insiste en que su ilegalización no limita el derecho de reunión de los militares

La Guardia Civil dice que Batasuna culminará el 21 su reorganización Defensa nombra a Pitarch como sustituto del general Mena

La suspensión de actividades que decretó Garzón caducó en verano y no se renovó

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Gonzalo Bareño César Calvar - redacción | madrid madrid
León

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La decisión de permitir o no que Batasuna celebre el acto previsto para el día 21 en Baracaldo depende del juez de la Audiencia Nacional Fernando Grande-Marlaska, una vez que el Gobierno vasco ha confirmado que no prohibirá admi-nistrativamente su celebración. El magistrado dispone ya de los informes que solicitó a la Guardia Civil y la policía en los que se asegura que el congreso del día 21 será el «colofón» del proceso de reorganización orgánica de Batasuna, que concluirá con el «nombramiento público de los nuevos miembros de la Mesa Nacional», su máximo órgano directivo. Estudio de los informes La fiscalía estudiará ahora esos informes para decidir qué postura adoptar en la vistilla que el juez ha convocado para el martes. Antes de tomar una decisión, Grande-Marlaska deberá optar por prorrogar o no la suspensión de cualquier actividad de Batasuna decretada por el juez Baltasar Garzón el 26 de agosto del 2002. Esa prohibición caducó el pasado verano, cuando se cumplieron tres años desde la imposición de la medida, y no se renovó al entender la Justicia que la ilegalización de Batasuna decretada por el Supremo en marzo del 2003 la hacía innecesaria. El fiscal general del Estado, Cándido Conde-Pumpido, aseguró ayer que la Justicia podría actuar si se acredita que el congreso de Batasuna es «un acto orgánico» de la formación ilegalizada. Tras reunirse ayer con fiscales de las audiencias vascas para debatir el tema, defendió que la ilegalización de Batasuna no limita el derecho de reunión de sus militantes. El Gobierno insistió ayer en ese mismo argumento y aseguró que la decisión está en manos de los jueces, y no del Ejecutivo. Además, De la Vega rechazó que el Gobierno se plantee cualquier reforma en la ley de partidos. El Gobierno nombró ayer jefe del mando de la Fuerza Terrestre al teniente general Pedro Pitarch Bartolomé, hombre de confianza de José Bono y hasta ahora director general de Política de Defensa. Sustituye en el cargo al teniente general José Mena Aguado, cuyo pase a la reserva aprobó también el Ejecutivo por su discurso del día de la Pascua Militar, en el que invocó una eventual intervención de las Fuerzas Armadas si el estatuto catalán rebasa los límites de la Constitución. El cese definitivo del general Mena, que con 64 años le faltaban dos meses para su pase natural a la reserva, coincidió con el fin de su arresto domiciliario de ocho días que el ministro de Defensa le impuso el sábado pasado por no mantener la «neutralidad» política. Bajo su mando El nuevo responsable de la Fuerza Terrestre, que tiene su sede en Sevilla, tendrá bajo su mando todas las unidades del Ejército de Tierra (salvo las más operativas, que dependen de la Fuerza de Maniobra), las logísticas y las destacadas en el archipiélago canario. El teniente general Pitarch es piloto de helicópteros, especialista en carros de combate, diplomado de Estado Mayor y master en relaciones internacionales. Pitarch es natural de Madrid y domina los idiomas inglés y francés. A lo largo de su carrera militar ha sido realizado cursos en la OTAN, Estados Unidos y el Reino Unido. En 2002 fue jefe de la División Logística del Estado Mayor del Mando Supremo Aliado en Europa.

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