Las obligaciones que impuso la Ley del Menor costaron 45 millones a la Junta

La aplicación de la Ley del Menor desde su entrada en vigor hace ahora cinco años ha supuesto a la Junta de Castilla y León un gasto adicional de 44,8 millones de euros, de los que el Estado tan sólo ha aportado 1,1 millones, según revela la memoria quinquenal que ha realizado la Gerencia de Servicios Sociales de Castilla y León. Más de 23 millones de euros han sido absorbidos por los gastos del personal técnico que exigía la ley y casi seis millones se tuvieron que destinar a la adaptación del único centro de internamiento de la comunidad. «Hay un principio de lealtad constitucional que no se está cumpliendo. El Estado regula con leyes nuevas y obliga a las comunidades autónomas sin acuerdos ni financiación», denuncia el titular de la gerencia, Antonio Sáez Aguado. El gerente desvela que para actualizar la Ley del Menor no se ha llamado a ningún representante de Castilla y León para que participe en los grupos de trabajo. Como reacción, la gerencia ha remitido una queja formal al ministerio exigiendo la participación del Estado en los gastos que genere la reforma de la nueva ley. Se da la circunstancia de que el anteproyecto de reforma fue entregado a la Junta para que alegara cuando el Gobierno ya tenía el dictamen del Consejo General del Poder Judicial. Respecto a los cambios normativos, el gerente considera que el «más delicado y excesivo» es el que pretende ampliar la edad penal a los menores de 14 años, una petición de los fiscales. «Imaginar una convivencia entre chavales de 12 a 19 años en un mismo centro de reforma resulta suicida», asevera. «Menos aún sin garantía de financiación». Delitos menores Cuando se le pregunta por las herramientas procesales que deberían aplicarse en casos de delincuencia grave por parte de menores de 14 años, Sáez Aguado recuerda que, sin olvidar que se trata de una ley de responsabilidad penal, la mayor parte de los delitos cometidos «son menores o faltas y en el 40% de los casos se resuelven con el cumplimiento de medidas suaves». Según consta en la memoria de la fiscalía de menores, la Junta aplicó el año pasado en León las prestaciones en beneficio de la comunidad a 53 menores. Las medidas de permanencia durante los fines de semana afectaron a 33 adolescentes, mientras que se ordenó la libertad vigilada en 27 ocasiones. Los internamientos en régimen semiabierto fueron 13 mientras que los de régimen cerrado sólo llegaron a dos, el mismo número de casos que requirieron un internamiento terapéutico. Las alegaciones propuestas por la gerencia piden que se simplifique el proceso para introducir modificaciones en los expedientes de los menores, más auxilio policial por parte del Ministerio del Interior y evitar que las comunidades autónomas se tengan que hacer cargo de la libertad vigilada de los menores en sus domicilios durante los fines de semana. LA JUNTA APLICÓ EN EL 2005 EN LEÓN... Prestaciones sociales Arrestos fin de semana Libertad vigilada Internamientos «Imaginar una convivencia entre chavales de 12 a 19 años en un mismo centro de reforma resulta suicida» ANTONIO SÁEZ AGUADO, gerente de Servicios Sociales de Castilla y León