El anteproyecto «no garantiza» la igualdad ante la dependencia, según la Junta

El anteproyecto de ley de autonomía personal y dependencia presentado por el Gobierno central no garantiza, según la Junta, el derecho que se reconoce, pues «lo difiere a una serie de acuerdos que puede establecer cada año el Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales con las comunidades autónomas», manifestó el gerente de Servicios Sociales, Antonio Sáez. «Estamos de acuerdo en que los derechos de las personas dependientes sean reconocidos pero un derecho de estas características no debe depender de que haya acuerdo cada año entre el Gobierno y las comunidades autónomas», agregó. Además de los riesgos de la «bilateralidad» a la que cada año sería sometida la atención a la dependencia, la Junta critica la financiación. «Están sacando pecho con la ley, diciendo que es el cuarto pilar del bienestar y su compromiso y su esfuerzo va a ser de uno de cada cuatro euros», apostilló. Según los cálculos de la Gerencia de Servicios Sociales los usuarios pagarían el 33%, el Gobierno central el 25,6% y las comunidades autónomas, el resto. En opinión del responsable de Servicios Sociales de la Junta para ser «el cuarto pilar del estado del Bienestar, como dicen, debe garantizarse en los mismos términos que los otros tres pilares». La educación, la sanidad y las pensiones -dijo Sáez- tienen unos mínimos garantizadods por el Estado. «Otra cosa es que luego las comunidades autónomas quieran hacer un esfuerzo a mayores en determinadas cosas y se las ofrecen a los ciudadanos, como ocurre, por ejemplo, con las operaciones de cambio de sexo que financia la sanidad andaluza», precisó. Riesgo de fragmentación Otro de los fallos que observan en el anteproyecto es que «no construye un Sistema Nacional de Dependencia» como propugna. En opinión de la Junta, «corre el riesgo de fragmentarse porque se sustenta en acuerdos bilaterales entre el Ministerio y las comunidades autónomas». Esto ocasionaría, de cara al futuro, «riesgo de desigualdades entre comunidades autónomas a la hora de prestar el servicio». Como «experiencia reciente» citó el reparto del fondo de la dependencia del 2005. «De los 50 millones de euros, 18 fueron para Cataluña, que es el 37% del total».