Sólo 20 leoneses acceden a las ayudas a familias de mayores con dependencia

El ensayo de un programa piloto de la Junta de Castilla y León para dar un respiro a los familiares de personas con grave dependencia no ha tenido éxito en León. Sólo veinte familias -diecisiete en el medio rural y tres en León capital- se han podido acoger a la ayuda, que oscila entre 204,39 y 708,02 euros para sufragar la contratación de una persona de apoyo en el domicilio, en el régimen especial del hogar, entre 20 y 40 horas a la semana. La provincia devolverá a las arcas de la Junta alrededor de 150.000 euros, más del 90% del crédito concedido a los tres grandes municipios -León, Ponferrada y San Andrés- y la Diputación provincial ya que al tratarse de un programa finalista «no puede destinarse a otro fin», reconoció el concejal de Servicios Sociales de Ponferrada, Reiner Cortés. Mientras tanto, más de 700 personas están en lista de espera para beneficiarse del servicio de ayuda a domicilio. Las entidades locales alegan que han tenido escaso tiempo para desarrollar el programa y, sobre todo, que las «elevadas» exigencias para acceder a la ayuda han hecho desistir a muchas familias. «Ha habido muchas peticiones de información, pero a la vista de las condiciones, las solicitudes han sido muy pocas», reconoce la concejala de Bienestar Social, Ana Guada. Ponferrada y San Andrés no llegaron a captar ninguna familia que reuniera las condiciones exigidas y que, a la vez, estuviera dispuesta a asumir la responsabilidad del contrato, por lo que tendrán que devolver intactos los 26.000 euros transferidos por la Junta para este programa (18.000 de la capital berciana y 8.000 de San Andrés). En el Ayuntamiento de León fueron tramitadas cinco solicitudes, pero sólo tres reunían los requisitos para beneficiarse del programa experimental. La concejalía de Bienestar Social no ha precisado la cantidad que reintegrará a la Junta antes del 31 de enero de este año, si bien ronda los 50.000 euros. La Diputación tiene aprobadas veinte solicitudes y son trece las que están vigor. El importe del crédito aprobado por la Consejería de Familia e Igualdad de Oportunidades para cuidadores residentes en los municipios de menos de 20.000 habitantes fue de 115.955,87 euros y se han gastado unos 5.000 hasta la fecha por lo que la Diputación reintegrará a las arcas autonómicas unos 110.000 euros. Los responsables de Bienestar Social de los ayuntamientos y la Diputación de León creen necesario que de cara a este año la Junta «ablande» las condiciones de acceso y, sobre todo, permita la contratación indirecta para que las familias de personas con grave dependencia puedan beneficiarse de una ayuda que consideran «muy necesaria», subrayó el edil ponferradino Reiner Cortés. La mayor respuesta que ha logrado la institución provincial se debe, según el diputado Agustín García Millán, a que «lo promocionamos a través de Cruz Roja» y a que en las ciudades «existen más servicios de apoyo para personas dependientes» como son los centros de día. Con todo, apostilló, «no dejamos de reconocer que las condiciones eran muy difíciles». El plan experimental de apoyo a las familias gravemente dependientes fue publicado en el Boletín Oficial de Castilla y León el 15 de junio de 2005 pero no se puso en marcha hasta después del verano, siendo la Diputación la única que aprobó varios casos en agosto. El crédito -de 815.003 euros para toda la comunidad- se incluyó dentro del convenio marco de financiación de los servicios sociales. Las ayudas están dirigidas específicamente a cuidadores familiares que atiendan a personas mayores de 65 años gravemente dependientes para la realización de actividades de la vida diaria y que convivan habitualmente en el mismo domicilio. La ayuda económica tiene que estar destinada a contratar una persona para el apoyo en el hogar de acuerdo con las normas del régimen especial del servicio doméstico. Se exige que el cuidador familiar no reciba retribución alguna por la atención prestada a la persona mayor gravemente dependiente. La ayuda de este plan experimental es, además, incompatible con el servicio de ayuda a domicilio, las pensiones contributivas de gran invalidez y la ayuda a tercera persona que contemplan algunas pensiones, así como el ingreso temporal por respiro familiar en residencias e incluso en centros de día. Con carácter general se adjudican 20 horas semanales de servicio y hasta 40 sólo cuando existe un solo cuidador con dos personas mayores gravemente dependientes, según los requisitos fijados por el plan experimental. Fija 30 horas semanales si el cuidador padece alguna enfermedad que le «dificulta la atención del mayor», convive con menores de 12 años o con otros miembros de la familia enfermos o con minusvalía psíquica igual o superior al 33% o física o sensorial superior al 65%.