Nueva redistribución

En la década de los noventa las inversiones realizadas en infraestructuras y otros bienes y servicios en Castilla y León superaron en alrededor de un 17% la media nacional, mientras que las ayudas regionales fueron casi un 12% inferiores a la media. Estas ayudas regionales incluyen tanto los fondos europeos instrumentados directamente a través de los gobiernos autonómicos como las ayudas a las empresas, el Plan de Empleo Rural o las ayudas a la minería. Según un informe de la Fundación BBVA, el desarrollo del sistema autonómico tiene un balance «claramente positivo» en lo que se refiere a la desaparición de diferencias de desarrollo entre autonomías. Concretamente, en la disparidad de renta y actividad económica las diferencias se han reducido en una tercera parte. El informe destaca que hasta 1981 la distribución territorial de la inversión pública productiva contribuyó a incrementar las diferencias regionales, ya que se concentró en las zonas con mayores niveles de renta. Sin embargo, en el período autonómico, la inversión estatal (financiada en parte por las ayudas de la UE) provocó un importante efecto redistributivo. Y eso que, según los expertos, la descentralización implica siempre un riesgo del incremento de las desigualdades territoriales de renta y bienestar si no se instrumentan acciones correctoras por parte de la Administración. El sistema de redistribución de riqueza tiene dos apartados, uno personal, a través de parámetros como las pensiones, los impuestos o las prestaciones por desempleo; y otra de reparto territorial, a través de la financiación autonómica o la inversión en infraestructuras. El sistema de financiación autonómica que ahora se debate ha provocado que las autonomías con mayor nivel de renta generalmente paguen más impuestos y reciban menos prestaciones que las que tienen una renta menor. Ahora las primeras reclaman mayor capacidad financiera, lo que perjudicará a las menos ricas.