La acusación concluye que el vuelo del Yak-42 fue ilegal y la empresa lo sabía

El vuelo del Yakolev-42 que se estrelló en Turquía en mayo de 2003 fue ilegal desde su inicio y la empresa ucraniana propietaria del aparato lo sabía, pero no hizo nada por evitarlo. Esta es la conclusión principal a la que llegaron los letrados de la acusación, que actúan en nombre de las 62 familias afectadas por esta catástrofe, en el juicio civil que se celebra en Zaragoza contra las compañías UM Air, dueña de la aeronave; Chapman Freeborn, que subcontrató el vuelo a través de la Otan, y la aseguradora Busin Joint-Stock Insurance. Los demandantes, que reclaman 60 millones de euros en compensaciones por los daños padecidos, apoyaron esa tesis en el informe sobre el accidente que elaboró el investigador de siniestros aéreos Orlando Jiménez por encargo de las familias. Su dictamen ya apuntó hace dos años a hechos que después confirmó el informe de la comisión internacional -integrada por Ucrania, España, Turquía y Rusia- como causas de la catástrofe. Entre ellos señaló la poca experiencia y formación de la tripulación, su fatiga tras 23 horas de trabajo y su desorientación al iniciar el frustrado aterrizaje, que derivaría de una cadena de errores de los que culpó a los dueños del avión. Para este experto, lo más grave es que aquel vuelo fue ilegal desde su inicio y, según las leyes internacionales de navegación aérea, el Yak-42 jamás debió despegar. Entre otros motivos porque tenía averiada desde hacía 45 días su segunda caja negra y porque el ingeniero -piloto principal- llevaba su certificado médico de vuelo caducado, circunstancia que invalida a toda la tripulación. Jiménez, que para su peritaje analizó la caja negra, las grabaciones de las conversaciones del piloto con la torre de control del aeropuerto de Trabzon y toda la documentación, criticó a UM Air por su falta «total» de interés en cuestiones de seguridad.