Los «botellones» detectados por la Policía Local sumaron un total de 118 en el 2005
La margen izquierda del Bernesga, entre el Hostal de San Marcos y la plaza de toros se ha convertido durante el último año en el santuario del botellón. Es la orilla rica del río y, paradógicamente, al otro lado casi nunca sucede nada. Según el jefe de la Policía Local de la ciudad, Martín Muñoz, en el último año se detectaron un total de 112 «botellones», la mayor parte de ellos en los meses del verano y en los járdines más próximos al Bernesga, aunque esporádicamente no faltaron en otros barrios, fundamentalmente cercanos a residencias o pisos de estudiantes. La policía identificó en este tipo de fiestas a un total de 378 jóvenes, sin detener a ninguno, aunque, según Muñoz, fueron denunciados por beber alcohol en la vía pública infringuiendo la actual normativa. De las multas o sanciones no hay estadísticas. Según la policía, el número de personas a las que se le requirió su documentación durante la celebración de fiestas callejeras apenas representa la quinta parte de las que participaban en ellas. «Normalmente son grupos de una docena de jóvenes, aunque en verano pueden llegar a sesenta o más, y nos limitamos a pedir la documentación a tres o cuatro: el resto, cuando nos ven aparecer, se marchan sin más». Pocos menores de edad En contra de lo publicado en no pocos medios de comunicación la mayor parte de los participantes en fiestas callejeras para consumo de alcohol no son menores de edad, sino mayores de 18 años y, en un elevado porcentaje, universitarios. «Salvo excepciones o casos de familias conflictivas o desestructuradas, los menores tienen sus propios horarios de diversión y raramente superan las doce de la madrugada, así que en los botellones no llegan ni al diez por ciento». Las quejas vecinales por actos de gamberrismo posteriores son frecuentes entre el vecindario, tanto por ruidos como destrozos, aunque es difícil reclamar una compensación: en teoría son los padres quienes deben responder por los jóvenes que incumplen la normativa ciudadana o causan daños en estado de embriaguez, pero en la práctica resulta implosible identificar con nombres y apellidos a los infractores y, si se consigue, puede salir más cara la minuta de los abogados que las multas o las indemnizaciones.