La Asociación de Fiscales pide quePumpido dimita y el Consejo lo rechaza

Seis de los doce vocales que integran el Consejo Fiscal apoyaron la declaración formulada en el pleno de ayer por la asociación conservadora (AF) sobre la dimisión-cese de Eduardo Fungairiño en la que acabaron pidiendo la dimisión del propio Fiscal General del Estado. Los otros seis vocales, tres de ellos representantes de la Unión Progresista de Fiscales (UPF) y tres miembros natos -el fiscal general, el teniente fiscal del Supremo y el fiscal inspector-, se manifestaron en contra. El tema, según las fuentes consultadas, no se llegó a someter a votación porque el Consejo Fiscal es un órgano meramente consultivo, con voz pero sin voto. Sectores progresistas de la judicatura han resaltado el carácter eminentemente político de la inicia-tiva de la Asociación de Fiscales (AF), ya que Fungairiño no es precisamente un santo de la devoción de la AF. Las tres veces que el ex jefe de una de los dos fiscalías de la Audiencia Nacional fue propuesto para el cargo por Jesús Cardenal no contó con el apoyo de ninguno de sus vocales, y el acto de su toma de posesión fue boicoteado por la Asociación de Fiscales, que acabó recurriendo su nombramiento ante el Tribunal Supremo. Petición atípica Esta es la primera vez que un Consejo Fiscal aborda una petición de renuncia del Fiscal General del Estado. Esta situación atípica se produjo durante una reunión extraordinaria, solicitada por la AF y en la que, según palabras de los propios vocales presentes, se produjo un debate «vivo, encendido y, algunos momentos, incluso subido de tono». La reunión, que se prolongó por espacio de cinco horas, abordó antes otros tres puntos, entre ellos el de los ascensos forzosos que acaparó una buena parte del debate porque afecta a muchos fiscales que se resisten a cambiar de destino cuando ascienden. El motivo central de esta convocatoria extraordinaria era que el fiscal general explicase los motivos por los que había pedido la renuncia a Fungairiño. Conde-Pumpido, como ya hiciera días antes en público, indicó que el fiscal jefe no podía continuar en su puesto porque había perdido su confianza, por incumplir de forma sistemática sus órdenes y sus directrices para el funcionamiento en la Audiencia Nacional. Esta situación, dijo, sólo dejaba dos opciones: o que se fuese de forma voluntaria o que se iniciase el proceso disciplinario para lograr su cese. Las explicaciones del fiscal general fueron aceptadas por los vocales de la UPF, pero no por los de la AF. Los fiscales conservadores, según explicó su portavoz Fernando Herrero-Tejedor, «lamentan y reprueban el cese encubierto de Fungairiño, que es un abandono forzado de su puesto ante la posibilidad de verse removido e incluso sometido a un expediente disciplinario». Rechazada la petición del PP La Mesa del Congreso rechazó admitir a trámite la petición del PP para que Cándido Conde-Pumpido, explique las razones del relevo de Eduardo Fungairiño. El portavoz del PP en el Congreso, Eduardo Zaplana, informó del acuerdo adoptado por la Mesa de la Cámara Baja, que encuadró en las «decisiones» que está tomando el Gobierno para crear un clima favorable al diálogo con ETA. El órgano rector del Congreso, que preside Manuel Marín, admitió a trámite la solicitud del PP para que Conde-Pumpido informe sobre los criterios de la Fiscalía ante el cumplimiento de penas de los terroristas y la organización de actos por parte de Batasuna. Zaplana, en conferencia de prensa en la Cámara Baja, lamentó que todas las acciones emprendidas por el Ejecutivo o por órganos en los que influye tengan «una única dirección, que no es la de perseguir a los terroristas y complicarles la vida». Por otra parte, la Asociación de Víctimas del Terrorismo (AVT) ha convocado para el próximo 25 de febrero en Madrid una «gran manifestación» para mostrar su rechazo a una hipotética negociación del Gobierno y en contra de la excarcelación de miembros de ETA.