Sólo con crispación no se gana

Empate técnico PSOE-PP. Así están las cosas. El CIS, en su ultima encuesta, ha certificado que la crispación, por lo menos, da para empatar en intención de voto al partido de Rajoy con el de Zapatero. Cierto que sitúa al PSOE casi dos puntos por delante del PP, pero puede ser todavía peor: el Instituto Noxa, que dirige el profesor Julián Santamaría, ex director del CIS, informaba hace un par de semanas de que esa era justamente la ventaja de populares sobre socialistas. Leídas todas las encuestas solventes, más empate imposible. Pero una cosa es empatar y otra ganar. Y más difícil todavia: una cosa es ganar, por poco, y otra gobernar. Aún ganando el PSOE por un punto, como dice el CIS, podría darse el caso de que el PP obtuviera mas diputados por el reparto provincial. Ese era el escenario que perseguía el opositor Zapatero para el 14-M y así estaban las encuestas el día anterior al brutal atentado de Madrid. Hoy, ese eventual resultado permitiría al PSOE seguir gobernando. ¿Cómo? Con legitimidad para formar Gobierno, por haber obtenido más sufragios, aunque no nece-sariamente más escaños, y con evidente capacidad de alianza para asegurar una mayoria parlamentaria con convergentes, canarios y otros. El PP muy dificilmente podría hacer lo mismo. Esa capacidad para establecer alianzas la tuvo el PP, sin duda, y pactó con Jordi Pujol y Xavier Arzalluz cuando Aznar superó a Felipe González al tercer intento. Pero fue después de aquella legislatura de escándalos, entre 1993 y 1996, con el GAL reabierto por Baltasar Garzon, Roldán hui-do y capturado, el presidente socialista de Navarra, Gabriel Urralburu, en la carcel... El problema, como señalaba el periodista de TV-3 Albert Oms, es que, «aunque se quiera presentar igual, esta legislatura no es la del 93-96, porque entonces había escándalos reales, y ahora parecen artificiales». Ahora mismo no hay grandes escándalos de corrupción, al menos aflorados, y los que existen con algún grado de intervención judicial son provinciales y afectan a guardias civiles -en la aduana de Málaga, por ejemplo-; a particulares, como en la Costa del Sol, o a políticos y funcionarios populares, léase el caso Fabra en Castellón, o la trama eólica en Las Palmas, con dos detenidos y expulsados del PP. Descripción catastrófica Otra cosa es mediáticamente, porque la descripción de España que hacen algunos periodistas es catastrófica. Pero queda por ver si la ciudadanía concederá crédito en las urnas a tanta intoxicación. Claro que un sector se lo cree ciegamente, pero en la historia electoral del país hay suficientes episodios para demostrar que las acorazadas mediáticas no han conseguido perturbar el sentido común de la gente. Porque, independientemente de los errores litúrgicos de Zapatero, como no acudir al Congreso de Víctimas del Terrorismo, por lo que ha tenido que pedir disculpas, no es fácil que la ciudadanía rechace la expectativa de paz en Euskadi. Fernando Ónega ha descrito de forma inapelable ese destello del sentido común que le queda a la gente: «Tantos años esperando el final de ETA, y ahora que todo está más cerca, ¿resulta que es una mala noticia?». Lo que resulta indiscutible es que los excesos del Estatuto catalán -el texto y las declaraciones que lo acompañaron- y, más tarde, la sensible cuestión vasca, han servido al PP para remontar de forma importante en las encuestas. Más, desde luego, que la alianza con la Iglesia por cuestiones educativas. Puestos a estudiar los trabajos del CIS, se comprueba que la credibilidad de la Iglesia católica desciende en España de forma muy significativa. La incógnita es si la crispación da para más. ¿Se puede decir algo más fuerte e injusto, como hizo Eduardo Zaplana en sede parlamentaria esta semana, que «el presidente del Gobierno está más cerca de los terroristas que de sus víctimas». O queda acusación más grave por lanzar en el Congreso que la del diputado popular Martínez Pujalte al ministro José Montilla, al que llamó broker de Gas Natural que maquinó para alterar el precio de las cosas? Cruce de acusaciones La cara de los periodistas a veces informa de los desatinos, y cuando Zaplana hizo esa acusación, salvo los entregados, todos se miraron confirmándose con su expresión que el portavoz popular había ido demasiado lejos. Del mismo modo, cuando Martínez Pujalte dijo lo que dijo de Montilla, no solo pasó lo mismo, sino que algunos diputados -como el convergente Jordi Jané, parlamentario instruido y equilibrado como pocos- transmitieron que Pujalte podía ser procesado por esas palabras. Tan es así que el diputado, aunque no haya trascendido, pidió más tarde a la mesa del Congreso que se retirara su acusación del acta parlamentaria. Se libró de un problema grave porque su acusación era concreta, no podía ser considerada como crítica política y corresponde a un delito tipificado en el Código Penal. El propio ministro Montilla confirmó que se disponía a promover acciones judiciales contra Martínez Pujalte cuando fue informado por la Mesa de que el diputado popular había acudido a retirar la acusación. «No pude ni res-ponderle en el Pleno -dice Montilla-, porque estaba en el uso de la palabra el vicepresidente Solbes, que rechazó las acusaciones diciendo a Pujalte que nunca le había oído decir tantas barbaridades en pocos minutos».